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Ayuntamiento de Zaragoza

​Gimeno y Rivarés acuerdan compensar deudas y discrepan sobre la Ley de Capitalidad

Ambos han calificado de "fructífera" la reunión, que ha durado hora y media más de lo previsto.

J. Ortega/Efe. Zaragoza Actualizada 04/11/2015 a las 14:03
Gimeno y Rivarés, con sus equipos, durante la reunión de esta mañana.Oliver Duch

Esta mañana ha tenido lugar la primera reunión de toma de contacto entre el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el concejal de Economía, Fernando Rivarés. Tras el encuentro, que ambas partes han calificado de “fructífero” y que ha durado una hora y media más de lo previsto, ambos responsables han comparecido ante los medios para anunciar la compensación de deudas entre ambas administraciones por un valor de 13 millones de euros. Además, la DGA abonará los 5 millones del convenio vigente en Acción Social.

En lo que se refiere a la Ley de Capitalidad, Rivarés ha considerado oportuno que en el presupuesto municipal se prevea incluir una partida mínima, aunque Gimeno, a este respecto, no se ha comprometido a ofrecer una cuantía por una ley que “todavía no existe” y que, en todo caso, se prevé crear antes de junio de 2016.

​Gimeno, además, ha destacado el “fracaso” de la Ley de Racionalización, que sostiene que las competencias sociales y educativas las deberán seguir pagando los ayuntamientos.

Según Gimeno, esta reunión "marca un cambio radical" en las relaciones entre la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento respecto a la situación anterior, cuando los contactos entre ambas "eran cordiales pero con pocos resultados".  Una de las cuestiones más urgentes para el Ayuntamiento, y que también preocupan a Gimeno, es resolver las condiciones de la deuda con Zaragoza Alta Velocidad, con "unos plazos insoportables y elevados intereses", ha reconocido el consejero del Gobierno autonómico.

El Gobierno de Aragón también quiere liquidar el convenio por el tranvía, para lo que será necesario acordar la cuantía de la deuda, que el Ayuntamiento cifra en 14 millones por cada uno de los tres años pendientes.

Por el convenio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Ejecutivo abonará los 5 millones de euros de este año y ahora las dos consejeras del ramo, María Victoria Broto (DGA) y Luisa Broto (Ayuntamiento) deberán negociar las condiciones y cuantía del próximo, aunque según Rivarés el valor de las prestaciones ascienden a unos 40 millones de euros.

Para Rivarés, la "decepción" de la reunión ha sido la falta de acuerdo para la aportación inicial para financiar la futura Ley de Capitalidad.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al Gobierno de Aragón que incluya en el borrador de presupuestos de 2016 una "cantidad mínima" de entre 25 y 30 millones de euros que permitan poner en marcha la ley una vez que esté aprobada, que según el compromiso del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, sería en el primer semestre de 2016.

Sin embargo, Gimeno insiste en tener elaborada primero la ley y ponerla en marcha a través de disposiciones transitorias del Presupuesto.

"¿Quién asegura que cuando llegue abril o mayo haya dinero suficiente con una disposición transitoria?", se ha preguntado el consejero municipal, quien ha recordado que, al igual que el Gobierno de Aragón, el de Zaragoza es un Ayuntamiento "colapsado" y "con poca capacidad de financiación".

Por ello, ha anunciado que apelará al apoyo del resto de los grupos políticos para que entiendan que esta cantidad "es una necesidad importante para una ciudad donde vive el 50 % de la población" de Aragón.

Gimeno ha concretado que las prioridades del Gobierno de Aragón en materia presupuestaría serán la sanidad, la educación, la renta básica, los servicios sociales y la investigación, mientras que Fernando Rivarés ha asegurado que "pase lo que pase, la ciudad va a cumplir con sus obligaciones, sea cual sea el presupuesto" y a seguir ejerciendo las competencias impropias "como se pueda".

No obstante, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón ha insistido en que lo que se tiene que solventar son los problemas de financiación de las comunidades autónomas y ayuntamientos, porque de lo contrario "será muy difícil resolver la situación". 







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