Los efectos de la crisis sobre el núcleo familiar son cada vez más visibles en Aragón. El paro, la reducción de ingresos y la dificultad para cubrir las necesidades básicas se ven agudizadas si el hogar queda fracturado por una separación o, directamente, un abandono.

Una realidad no tan extraña en los últimos años, si se atiende a los casos que llegan a los juzgados de las tres provincias aragonesas. Solo en el último año, la Fiscalía territorial en la Comunidad abrió casi 600 diligencias previas por el impago de una pensión (a un cónyuge o hijo), o por el abandono familiar.

En concreto fueron 428 y 162 denuncias respectivamente, con las suficientes evidencias como para iniciar una investigación, un 9% más (393 y 149) que un año antes, y eso que la mayoría de los conflictos se resuelven sin llegar a estos extremos. Como explica Noemí González, abogada especializada, “se recurre en muchos casos a la vía penal porque así el denunciado consigue el dinero antes para evitar ir a la cárcel”.

Por su bufete de la capital aragonesa pasan historias de todo tipo. “También denuncian aquellos que están hartos de no recibir la pensión. He tenido casos de más de dos años de impago”, relata. Añade que cuando el denunciado tiene una nómina, suele ser fácil de corroborar que no atiende a sus obligaciones familiares: “El problema llega con los autónomos o los que cobran en negro”.

Por eso muchos denunciantes recurren a los servicios de un detective -que deben sufragar ellos-, para presentar pruebas en el juzgado que avalen las posibilidades económicas del moroso, al margen de las pesquisas que llevan a cabo desde la Fiscalía, que se limitan a una 'averiguación patrimonial'.

Pero más allá de quienes conscientemente eluden sus responsabilidades, también se da el caso de aquellos cuya realidad económica ha cambiado por culpa de la crisis y realmente no pueden hacer frente a la pensión. Para actualizar su situación deben solicitar una modificación de medidas, o lo que es lo mismo, que un juez compruebe que su capacidad de pago es inferior, por lo que la pensión debe reducirse.

El problema es que este proceso se extiende entre 8 y 12 meses en Zaragoza. Un tiempo en el que se sigue generando deuda impagada, aunque se puedan pedir medidas cautelares.

En cuanto a los casos de abandono familiar, la mayoría también están vinculados con el impago de la pensión. “Es el clásico ejemplo de salir a por tabaco y no volver, pero se deben dar unos condicionantes”, señala González. El principal es que el único sustento económico de la familia sea su salario. “Muchos clientes me preguntan agobiados si le denunciarán por irse del piso, y normalmente es que no”, puntualiza.