El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza esperan contar hasta fin de año con unas cien viviendas, 50 por cada institución, con las que se podrán cubrir todos los desahucios que se produzcan hasta final de año.

Así lo han señalado a los medios el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, y la directora general de Vivienda del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, tras una reunión en la Casa Consistorial para analizar la disponibilidad de pisos con los que hacer frente a las situaciones de emergencia social. De momento, hasta fin de año contarán con un centenar de pisos, de los que el ayuntamiento aportará 50 y otros 50 el Gobierno de Aragón, que en estos momentos dispone de 34 viviendas en Zaragoza, cinco de ellas ya entregadas y 20 en proceso de rehabilitación, a las que se sumarán las que entregue la Sareb.

Andreu espera poder tener tiempo suficiente para poner las viviendas en condiciones, lo que requiere inversiones de entre 4.000 y 20.000 euros. El problema, ha reconocido Andreu, es que "no se sabe lo que va a venir", pero calculan que hasta 31 de diciembre se producirán entre 90 y 100 desahucios, por lo que creen que este número será suficiente.

El objetivo, ha apuntado Pablo Híjar, es tratar de garantizar que no haya ningún desalojo forzoso sin disposición de vivienda. Mientras que la normativa anterior del Gobierno de Aragón solo permitía destinar el 20% de las viviendas a la emergencia social, Andreu ha anunciado una modificación de la orden para poder disponer de toda la vivienda para acoger a familias desahuciadas.

Y es que es este aspecto al que el Gobierno de Aragón le va a dar prioridad frente a otras necesidades como alquileres sociales que, no obstante, el próximo año serán objeto de un nuevo convenio, según ha apuntado Andreu. Sin embargo, dada la escasez de pisos con que cuentan las instituciones públicas, el concejal ha anunciado la puesta en marcha de una nueva normativa para la adquisición y captación de vivienda vacía. En este sentido, Híjar ha anunciado la puesta en marcha en próximas fechas de un programa de captación de vivienda vacía mediante incentivos para los propietarios.

Desde el Gobierno de Aragón también se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que pongan a disposición sus viviendas vacías bajo la garantía del cobro del alquiler y del mantenimiento del inmueble. "Ahora, lo que le preocupa al gobierno es que nadie se quede en la calle", ha apuntado la directora general de Vivienda, quien no obstante también ha reconocido que eso no puede suponer que el resto de personas con necesidades se queden sin alojamiento, de ahí que se vaya a reformar el convenio de alquiler. Para el próximo año también se va a continuar trabajando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para aplazar las ejecuciones hipotecarias y continuar incorporando viviendas a la bolsa pública.