La ley contra la corrupción, prioritaria para el Gobierno

Vicente Guillén, consejero de Presidencia, ha insistido en que la preferencia del gobierno es dar prioridad a las políticas sociales.

Vicente Guillén, consejero de Presidencia.
Vicente Guillén, consejero de Presidencia.
Guillermo Mestre

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha anunciado su intención de promulgar o modificar nueve leyes con el objetivo de impulsar la regeneración democrática y de reformar el modelo territorial de la comunidad autónoma, sus dos principales objetivos dentro de sus competencias, para los próximos cuatro años.


Guillén ha comparecido este lunes ante la Comisión Institucional de las Cortes para desgranar los planes y objetivos de su departamento, donde ha insistido en que priorizar a las políticas sociales es la preferencia del gobierno, pero también acometer un proceso de regeneración democrática y de lucha contra la desafección "mediante la ejemplaridad y la participación".


En este sentido, ha anunciado que promulgará una ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro, que modificará la ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y que acometerá una reforma de la ley electoral, además de poner en marcha una auditoría sobre el gasto público de la administración autonómica. Todo ello se unirá a la anunciada reforma del Reglamento de las Cortes.


Respecto al modelo territorial y la arquitectura institucional de la comunidad, este ejecutivo tiene la intención de otorgar "la máxima jerarquía" a los ayuntamientos, para lo que deben de contar con una financiación "suficiente e incondicionada" y garantizada por ley. En este aspecto, ha explicado que se impulsará una nueva ley de participación municipal en los tributos de la comunidad y otra nueva norma de redistribución de competencias, pero también se modificarán las leyes de administración local y de la función pública.


Guillén se ha referido también al papel de las comarcas, que han sido "beneficiosas" en sus casi veinte años de existencia pero que requieren un "exhaustivo análisis" para evitar caer en las arbitrariedades o en la duplicidad de competencias. El modelo socialista, ha relatado, pasa por que las competencias estén radicadas en la comunidad autónoma y en los municipios y que las comarcas y las diputaciones provinciales se limiten a ejercer un papel de apoyo y de asistencia a los ayuntamientos.


También ha anunciado que este gobierno traerá a las Cortes la ley de capitalidad y un proyecto para que la mancomunidad central de Zaragoza cuente con unas perspectivas financieras "estables". Otra de sus competencias es la Justicia, ámbito en el que ha reconocido que son necesarias reformas e inversiones tendentes a garantizar la óptima implantación de la nueva oficina judicial, sobre todo en Teruel, y a poner en marcha el proyecto de administración electrónica que prevé, a partir del 1 de enero de 2016, la desaparición del papel en los trámites judiciales.


En este sentido, ha dicho que habrá que renovar alrededor de 1.500 equipos informáticos. El consejero va a apostar, además, por mantener el carácter público y gratuito del Registro Civil, ubicado en el caso de Zaragoza en un inmueble de alquiler que costó un millón de euros la pasada legislatura y que, por eso, se va a trasladar a la Ciudad de la Justicia.


También ha anunciado un nuevo decreto de espectáculos públicos que sustituya al aprobado por el anterior gobierno. Ha dedicado gran parte de su intervención a hablar de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión (CARTV), cuya ley de creación se pretende modificar, a pesar de que el modelo de gestión actual es "ajustado y asumible", ha reconocido. Por los grupos de la oposición, el popular Miguel Ángel Lafuente ha advertido a Guillén que "tenga cuidado" al tocar cosas que se ha demostrado que funcionan, como la propia CARTV, anuncio que ha achacado al pacto de investidura con los "grupos radicales".


"Que el peaje que han tenido que pagar no les lleve a la radicalidad de contentar solo a quienes eligieron como compañeros de viaje", ha pedido Lafuente al consejero. Por parte de Podemos, Alfonso Clavería se ha centrado en el modelo de la televisión y la radio públicas, y se ha interesado por los plazos para la reforma que maneja el gobierno y ha reclamado un estudio para que se garantice en estos medios la pluralidad informativa para adaptarla al "nuevo contexto poselectoral".


A la diputada del PAR María Herrero lo que le preocupa, según ha dicho, es la intención del PSOE con respecto a las comarcas, que se crearon para prestar de verdad servicios de calidad en los pueblos que, de otra forma, sería imposible ofrecer. También le preocupa lo que el ejecutivo tiene previsto hacer con los grandes proyectos estratégicos de Aragón, y se ha referido en concreto a Motorland, al tiempo que ha instado a Guillén a que no apuesten por políticas rupturistas con lo anterior, porque "hay cosas que merece la pena continuar".

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