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Ingreso Aragonés de Inserción

​Aragón contratará a diez personas para agilizar el pago del IAI, del que están pendientes 3.000 familias

Seis serán trabajadores sociales y cuatro, administrativos, según ​María Victoria Broto.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 24/08/2015 a las 14:09
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El Gobierno de Aragón tiene previsto contratar a diez personas, seis trabajadores sociales y cuatro administrativos, que deberán incorporarse el 1 de septiembre, para agilizar la concesión de las prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), de la que están pendientes más de 3.000 familias en la Comunidad.

En una entrevista concedida a Aragón Radio, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, María Victoria Broto, ha explicado que aprobarán una modificación de crédito por valor de dos millones de euros para desbloquear esta situación y así pagar a las 1.500 familias que tienen el IAI concedido, pero sin abonar, y otras 2.000 que tienen que renovarlo.

Según Broto, septiembre será un mes clave para el área de los derechos sociales en Aragón, ha informado la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en una nota de prensa.

La consejera también ha apostado por que el Estado pague el dinero que debe por la Ley de la Dependencia, ya que en Aragón hay 15.000 personas que tienen una prestación concedida que no cobran. Otros de sus objetivos son aprobar la Ley de Renta Básica e impulsar el plan de inspección de las residencias aragonesas.

Sobre la ley de la Dependencia, ha señalado que el comportamiento es "vergonzoso" porque si el Gobierno central tiene que pagar el 50 por ciento de las prestaciones en Aragón, sólo abona el 19 por ciento y esto provoca que 15.000 personas no cobren los subsidios que tienen reconocidos.

Broto ha expresado la necesidad de "volver a construir" un sistema de servicios sociales para recuperar "derechos que le parecen esenciales a este Gobierno" y que se han perdido en estos cuatro años, "como ha sucedido también con la ley de Dependencia, pues ha sido desmantelada".

Según la consejera, en estos cuatro años, la ley de servicios sociales de la Comunidad "no se ha desarrollado en absoluto y se han visto abandonadas muchas personas que teniendo problemas y dificultades no se les ha dado respuesta".

Residencia Santa Fe


Por lo que se refiere a la inspección de las residencias de mayores en Aragón, ha considerado que esta revisión se debería haber iniciado antes para evitar casos como el de la residencia de Santa Fe, en Zaragoza, donde murieron ocho ancianos en un incendio.

Según ha señalado, 19 residencias no cumplirían los mínimos marcados por el Gobierno de Aragón. La consejera ha garantizado que será estricta con lo que marca la ley, aunque sea necesario cerrar alguno de estos centros, que, por otra parte, serán pequeños por lo que no habrá problema para reubicar en otras residencias a los mayores que puedan verse afectados, ha sostenido.

Broto ha apuntado que a mediados de septiembre se iniciarán las conversaciones con entidades sociales y partidos políticos para comenzar a perfilar la Ley de Renta Básica que "dé respuesta desde el punto de vista económico a aquellas familias que no tienen ningún ingreso y que no pueden vivir con dignidad".

Aunque todavía no está planteada su cuantía por persona, ha calculado que su presupuesto anual podría situarse entre los 80 y 90 millones de euros para poner en marcha una prestación "que lo que haría es sustituir el IAI y las ayudas de integración familiar por una nueva idea de renta básica social".




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