El turismo ha sido durante estos años de crisis uno de los pocos sectores que ha mantenido, con sus idas y venidas, un crecimiento sostenido en Aragón. El año pasado volvieron a superarse el número de viajeros llegados a la Comunidad con más de dos millones de visitantes, una tendencia que parece que se mantendrá este año y que ha ido ligada a un aumento en la oferta de alojamientos aragonesa.

Tanto hoteles, como casas rurales o campings han ido aumentando su oferta de plazas de forma considerable durante la crisis, aunque han sido los apartamentos turísticos los que han copado esta tendencia. Solo entre 2011 y comienzos de 2015 se han creado más de 1.500 plazas en alojamientos de este tipo que ya acumulan 405 establecimientos con un total de 1.675 pisos en la Comunidad.

Por el camino en este rápido crecimiento han aparecido dos decretos: el primero en 2013 que les daba un reglamento propio, y un segundo aprobado este mismo año que se pondrá en marcha en tan solo dos semanas y que persigue sacar a la luz la supuestamente numerosa e incontrolada oferta de segundas viviendas e incluso pisos habituales que se alquilaban, hasta ahora, de forma alegal.

Será a partir del próximo 15 de agosto cuando los primeros propietarios interesados podrán empezar a hacer llegar a las direcciones provinciales de turismo sus declaraciones responsables para empezar a trabajar de forma legal. Para dar cabida a esta nueva oferta -aupada por la crisis y la opción de muchas familias de obtener un dinero extra-, el último reglamento crea una nueva figura (la de Viviendas de Uso Turístico) que tiene como factor diferencial estar destinada a inmuebles de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios. Un reglamento que nació con el fin de controlar el “aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado en el turismo y que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal”, así como controlar de forma fehaciente la cantidad de turistas que mueve esta opción, según señala el texto aprobado definitivamente en el mes de mayo por el Gobierno de Aragón tras casi dos años de tramitación.

A ciencia cierta, nadie sabe cuántos alojamientos hasta ahora alegales podrán salir a la luz con la nueva norma, que regula también las condiciones de habitabilidad y las sanciones por no estar dado de alta según la Ley de Turismo. Según una rastreo inicial llevado a cabo durante el año pasado por los técnicos de la DGA, se detectaron un total de 165 alojamientos ilegales que podrían adaptarse a esta normativa, aunque las organizaciones de hosteleros manejan estimaciones muy diversas y piden que en aplicación de la nueva regulación y el previsible nuevo aumento de plazas turísticas se vele porque haya igualdad de condiciones para todos.

“Es un paso adelante importante que se haya aprobado por fin y se pueda poner en marcha, ahora bien, la clave estará en cómo se fiscalice y se inspeccione a partir de ahora”, señala Roberto Pac, presidente de la Asociación provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, provincia que podría albergar buena parte de estas viviendas hasta ahora fuera de la legislación, especialmente en el Pirineo.

También en el Bajo Aragón se ha denunciado en reiteradas ocasiones la competencia desleal de casas de particulares que ofertan servicios turísticos, especialmente en épocas de gran afluencia como la Semana Santa o las pruebas de Motorland. Allí, la Comarca ya ha recibido solicitudes de información sobre cómo legalizar estas prácticas a partir de mediados de agosto, según cuentan desde la Asociación de Turismo del Bajo Aragón.

Por su parte, en Zaragoza capital los hosteleros también venían demandando una regulación que aflorara esta actividad. “Desde la asociación siempre hemos estado preocupados con esta cuestión, no porque sea una competencia de los hoteles sino porque no se estaban garantizando los derechos de los turistas, su seguridad y sobre todo estaba siendo un foco importante de economía sumergida”, explican desde Horeca, la asociación de hosteleros de Zaragoza y provincia, donde creen que aunque se han detectado numerosas viviendas susceptibles de ser reguladas en la ciudad, “estas tendrán un recorrido corto” una vez que se apruebe la normativa, en especial en periodos en los que el resto del sector supera el 75% de la ocupación, es decir, principalmente en las Fiestas del Pilar y otras festividades.La normativa aragonesa no permitirá el alquiler de habitaciones individuales en viviendas privadas

Con todo, los hosteleros coinciden también en el que la nueva normativa aragonesa “se ha trabajado durante mucho tiempo, y aprendiendo de los fallos de otras normas autonómicas”, como Cataluña o Madrid, que fueron pioneras en legislar en este aspecto.

A este respecto, el Decreto aragonés de viviendas de uso turístico se reserva únicamente para propiedades individuales que son cedidas temporalmente, dejando al margen a los propietarios que tengan dos o más apartamentos o casas en un mismo inmueble, que están incluidos en el reglamento aprobado en 2013, a priori más exigente al estar dedicados a una finalidad turística completa.

Además, la norma aragonesa que se pondrá en marcha en dos semanas prohibirá por completo el arrendamiento con fines turísticos de habitaciones individuales dentro de una vivienda. Un fenómeno que había crecido en los últimos años empujado por webs de reservas como 'Airbnb' o 'Homeaway' y al que no da cabida el nuevo texto de la Comunidad, posibilidad que sí que se está explorando ahora en otras autonomías como la catalana, donde hace apenas unas semanas se presentó un proyecto de Decreto que pretende legalizar esta opción turística a cambio de cumplir con una serie de requisitos.

Aunque no con la intensidad de ciudades más grandes como Barcelona o Madrid, en Aragón los métodos de alquiler de este tipo también han proliferado en los últimos años. Solo en la ciudad de Zaragoza y en uno de estos portales podían encontrarse a lo largo de esta semana más de cincuenta ofertas de viviendas compartidas con fines turísticos; particulares que arrendaban por días una de las estancias de su casa a cambio de una remuneración, si bien, su número ha descendido considerablemente desde que comenzara a salir a la luz pública toda la nueva regulación.