Podemos y PSOE ultiman la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles'

El líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, ha dado cuenta de una reunión que ha mantenido este miércoles con el presidente aragonés, Javier Lambán, en la que han acordado, entre otros asuntos, la devolución de la tarjeta sanitaria a quienes les fue retirada con el "decretazo" 16/2012.

Esto figuraba en el punto séptimo del 'Decálogo por el Cambio' que presentó la formación morada como condición para el apoyo a la investidura de Lambán y de la que se beneficiarían no solamente inmigrantes "con papeles o sin ellos", sino también todos aquellos aragoneses que han visto peligrar su asistencia sanitaria por estar "un número de meses en el extranjero trabajando".

En segundo lugar, en referencia al punto 7 del decálogo por el cambio de Podemos, se ha acordado que se restituya la sanidad universal a todas aquellas personas a los que el "decretazo" 16/2012 el gobierno del PP les "arrebató". "No como patrimonio de una fuerza política concreta sino como un logro de nuestra sociedad del que estábamos profundamente orgullosos".

En total, ha explicado que esta medida, que ha anunciado que será concretada en el próximo Consejo de Gobierno y que será puesta en marcha "con la máxima premura", afectaba a "entre veinte y cuarenta mil personas", aunque no se dispone de datos actualizados, ha dicho.

Por otro lado, según ha comentado Echenique, en el encuentro con el presidente también han analizado la situación actual y el avance en el cumplimiento de cada una de las medidas del decálogo.

Así, ambos líderes han acordado que a principios de agosto se ponga ya en marcha el Observatorio Ciudadano, cuya tarea fundamental será que la "sociedad civil organizada" sea quien monitorice el cumplimiento del acuerdo de investidura entre Podemos y los socialistas, lo que propiciará, a su juicio, que los informes sean más imparciales y que se avance hacia un modelo de mayor participación ciudadana en la política.

De momento, se plantea que este organismo cuente con una dirección formada por un independiente, un miembro de Podemos y otro del PSOE, y que se complete con grupos de trabajo formados por representantes de la sociedad civil, si bien la estructura no está ultimada, ha explicado el secretario general de la formación morada en Aragón.

Observatorio con sede

Asimismo, ha señalado que "probablemente" no sea necesario que este observatorio tenga una sede y que si tiene un coste será "mínimo" porque los movimientos sociales participarán "de forma voluntaria como siempre han hecho", y ha asegurado también que estos vigilan "mejor" que los gobiernos.

Sobre el resto de los puntos del decálogo, Echenique ha reconocido que hay asuntos "más retrasados", como el relativo a la ronda con las entidades bancarias para comprobar si cumplen con los derechos humanos y ver si la DGA debe o no reducir al mínimo legal sus relaciones con ellas, y ha indicado que faltan aspectos por concretar, como la reducción de altos cargos y salarios en las empresas o institutos públicos.

"Todavía faltan muchos puntos del decálogo por cumplirse y por concretarse", ha reiterado, pero ha manifestado que si todo sigue como hasta ahora no les queda duda "de que al final todos los puntos del decálogo se habrán cumplido".

En otro orden de cosas, ante la negativa a dotar a CHA e IU de grupo parlamentario propio, el líder de Podemos en Aragón ha defendido que esto se puede hacer sin necesidad de cambiar el reglamento "de una manera ad hoc" o "exprés", algo que "no tiene sentido" y ha abogado por abordar todos los temas "entre todos" y "con los tiempos que ello merece".

Por ello, ha anunciado que van a proponer que la Mesa tome una decisión al respecto sin necesidad de modificar el Reglamento de la Cámara, ya que entiende que es "positivo" que los tiempos y la visibilidad de los diferentes grupos parlamentarios "no sean proporcionales" a la representatividad que cada uno ostenta en la cámara.

Por último, ha considerado que el problema no es económico, ya que cree que se podría aumentar el número de grupos parlamentarios sin que se produjera un aumento del coste económico.