El pasado sábado se inició uno de los incendios más importantes de los últimos años en Aragón. Buena parte de la comarca de Cinco Villas se vio afectada por unas llamas que todavía continúan ardiendo, aunque desde hace dos días se encuentran controladas. El fuego ha arrasado más de 14.000 hectáreas y se estimó que unas 6.000 podrían pertenecer a cultivos, de los cuales se suponía que solo 800 estarían todavía sin recoger. Sin embargo, parece que la suerte no está del lado de los agricultores y, en solo cuatro días, Agroseguros ya ha recibido información de más de 1.000 hectáreas afectadas y con seguro contratado.

“La gran mayoría pertenecen a trigos y cebada, aunque también se encuentran almendros y la paja, que este año casi nadie la tenía asegurada porque era la primera vez que se podía hacer”, explica José Manuel Penella, presidente de UAGA. No obstante, casi el 100% de las hectáreas afectadas tenían contratado un seguro, por lo que se les devolverá casi la totalidad de lo que iban a conseguir. “Un seguro normal de secano tiene una cobertura del 100% en los incendios, a lo que solo habría que restar una franquicia, que son los costes de producción”, subraya Fernando Luna, presidente de ASAJA Huesca.

El alto porcentaje en la contratación de seguros, más elevado que en otros fenómenos adversos como pudo ser la riada del Ebro, se debe a que “tanto el seguro integral, como el de rendimientos y el de pedrisco incluyen la posibilidad de incendios, por lo que casi todos los agricultores cuentan con alguna de estas tres modalidades”, recalca José Manuel Roche, presidente de UPA.

Baile de cifras en las estimaciones

Desde UAGA consideran que finalmente habrá afectadas unas 1.500 hectáreas, “contando solo aquellas que todavía no se habían recogido”. De este modo, las pérdidas rondarían el millón de euros. “Serían unos 800.000 en el caso del cereal y unos 150.000 si se contabilizan todos los almendros afectados y la gran cantidad de paja que estaba sin asegurar”, explica Penella.

Por su parte, UPA considera que las hectáreas afectadas podrían ser el doble, “según lo que hemos hablado con cooperativas, agricultores, alcaldes y nuestras visitas a la zona”. En este caso, el dinero perdido ascendería a 1,8 millones de euros. “En esta ocasión, los seguros van a conseguir salvar la situación de muchas personas, por ello, animamos a que la gente siga asegurando sus terrenos y a que el nuevo Gobierno autonómico realice más subvenciones al respecto”, puntualiza Roche.

Un año malo para la agricultura

Este incendio ha supuesto otro golpe más para la agricultura aragonesa y, en especial, para la zaragozana. “Este año ha sido bastante complicado por dos fenómenos climatológicos adversos: la riada del Ebro, que dejó unas pérdidas de 300 millones de euros, y la sequía generalizada de abril y mayo, que provocó pérdidas de hasta el 60% de la cosecha en la provincia de Teruel”, subraya Roche.

Además, durante el resto del verano continuarán mirando los termómetros y la posible falta de lluvia. “Las olas de calor que estamos viviendo estos días crean una situación atmosférica que propicia mucho los incendios forestales”, destaca Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción. De hecho, desde AEMET aseguran que en los próximos días no se prevén lluvias, “porque con el elevado calor que hace en las capas altas del cielo es imposible que se formen nubes que den lugar a precipitaciones”. Además afirman que tampoco se prevé un descenso de las temperaturas. Con esta situación, parece que al menos, durante un tiempo, Aragón seguirá en alerta por incendios.

Se aprueba la Ley de Montes nacional

Después de muchas idas y venidas, el Gobierno central ha sacado adelante la Ley de Montes nacional. No obstante, para conseguirlo ha tenido que luchar contra el resto de las fuerzas parlamentarias, en especial, por la decisión de que se pueda edificar en las zonas afectadas por el fuego antes de los 30 años que estimaba la legislación anterior. No obstante, el documento matiza que esto solo se podría llevar a cabo “si existe un interés público general”.

En la actualidad, el Gobierno de Aragón todavía no está completamente estructurado y, por lo tanto, no han realizado ninguna valoración al respecto, pero cuando se anunció la posibilidad comentaron que “la competencia en montes, en cuanto a la legislación básica, es del Estado, y la autonomía deberá adaptar su legislación actual a lo que se decida”. Sin embargo, la legislación aragonesa aprobada en 2014 ya establecía que “con carácter singular, de forma excepcional, y cuando concurran razones de interés público basadas en necesidades derivadas de la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón podrá cambiar el uso forestal antes de los 30 años”.

Desde Ecologistas en Acción lamentan la decisión tomada. “Dudamos mucho que haya ningún tipo de interés general sobrevenido que obligue a construir en una zona que antes era bosque”, subrayan.