El sector renovable teme que Industria paralice la apuesta aragonesa por el autoconsumo

El Plan Energético de Aragón promueve el autoconsumo como una vía a explorar en la Comunidad.

Sistema de autoconsumo en Walqa
Sistema de autoconsumo en Walqa

“Si se saca adelante el Decreto de autoconsumo eléctrico, será el acta de defunción de este sistema”. Así de claro se muestra el sector renovable a la hora de valorar el borrador del Real Decreto por el que se regula el autoconsumo que la semana pasada envió el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un texto que tras llevar casi dos años dando avisos con salir a la luz está ya en su última fase y que podría dejar en terreno yermo una de las apuestas más fuertes que tanto el gobierno aragonés como otras autonomías han venido impulsando en los últimos años en materia energética.


Si bien en el nuevo borrador el Ministerio ha eliminado el polémico 'peaje de respaldo' que en un principio iba a gravar esta forma de autoabastecerse, en su lugar se introducen dos nuevos cargos que en la práctica vienen a suponer lo mismo para los potenciales consumidores. “Con los nuevos cargos, el ahorro que se busca acaba convirtiéndose en un gasto extra, lo que anula cualquier expansión de esta tecnología”, señalan desde la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, asociación de empresas y agentes involucrados en el autoconsumo que hace unas semanas firmaron un pacto con los sindicatos para defender este modelo de consumo también como motor de nuevos puestos de trabajo.


La posibilidad de producir parte de la energía que se consume mediante sistemas renovables -en la gran mayoría de los casos placas fotovoltaicas- ha tomado fuerza en los últimos años gracias a la implantación de numerosas placas solares que proporcionaban energía a aquellos hogares o industrias aislados de la red eléctrica y, en última instancia, con el desarrollo de sistemas que complementaban el consumo energético de edificios que, pese a estar conectados, podían obtener de forma propia una parte de su energía vertiendo el excedente a la red. Aquí entraba en juego la posibilidad de que ese excedente que iba a parar a la red fuera pagado o devuelto por las compañías eléctricas a los usuarios de sistemas de autoconsumo, lo que se conoce como balance neto. Una posibilidad que el Gobierno de Aragón explora y defiende en el Plan Energético de la Comunidad, pero que ahora tampoco contempla el nuevo proyecto.La DGA se muestra contraria a la nueva regulación


Desde el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón se señala que la posición del ejecutivo autonómico siempre ha cuestionado este punto de vista. Sin ir más lejos, cuando el primer borrador de la regulación salió a la luz en el verano de 2013, la DGA ya envió una serie de alegaciones contra los aspectos más gravosos que pretendía el texto: el famoso peaje de respaldo o 'impuesto al sol', la ausencia del balance neto, y el régimen sancionador que contiene, que exploraba multas superiores a los 30 millones de euros. Un modelo que, en cualquier caso, frenaba una apuesta que Aragón había desarrollado de forma particular en los últimos años.


No en vano, el autonconsumo ha sido uno de los principales puntos de partida en la Comunidad en la búsqueda de la ansiada eficiencia energética y uno de los nichos de empleo que más expectativas habían creado en el sector, lastrado después de la retirada de primas a las tecnologías renovables. Para hacerse una idea, solo en Aragón se crearon más de 50 instalaciones conectadas a red en edificios públicos, industrias y explotaciones agrarias a lo largo de 2013, buena parte de ellas impulsadas desde el ámbito público a través de Sarga, y otras tantas a raíz de iniciativas privadas que buscaban ahorrar parte de la factura de la luz con este mecanismo.El borrador 'paraliza' las facilidades que estaban dando las autonomías


Una de estas últimas intervenciones tuvo lugar en el edificio de la Fundación del Hidrógeno, en Walqa, donde un equipo de placas solares distribuye casi una cuarta parte del consumo anual del edificio. Entonces el terreno estaba abonado para este sistema que prometía, además de un previsible ahorro de 1.100 euros anuales en la factura eléctrica, evitar pérdidas en el transporte energético por la red. Sin embargo, pronto el primer borrador del decreto iba a paralizar prácticamente su avance.


Manuel Burrel es el ingeniero industrial de Solingenia, la empresa oscense que llevó a cabo aquella instalación. “Entonces, como ya se rumoreaba que se iban a imponer impuestos sobre las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, creamos un sistema evitando que se vertiera energía”, explica, señalando no obstante que tras la primera publicación del borrador -que incluso llegó a ser discutido en la Memoria anual de la Defensora del Pueblo- “muchos clientes con los que ya teníamos concretados proyectos se echaron para atrás ante el temor de que esto se acabara llevando a cabo”.


Su posición también la ratifica Manuel Benedí, socio de otra pyme aragonesa del mundo de las renovables que ha salido adelante en el difícil marco planteado por el Gobierno, 'AMB Greenpower. “El rumor paralizó el mercado, y aunque desde la DGA se daban facilidades, ha costado encontrar nuevos proyectos. Yo confío en que la CNMC paralice el borrador antes de que sea aprobado definitivamente, porque de salir adelante va a ser muy complicado promover los sistemas de autoconsumo que no sean aislados”, explica.


Desde entonces, el sector renovables, y en particular el fotovoltaico, han visto cómo una normativa que aún no había salido del proyecto paralizaba de facto una de sus vías de expansión. Hasta los regantes aragoneses, que contaban con una decena de minicentrales hidroeléctricas en propiedad, desdeñaron consumir su propia energía ante el miedo de recibir nuevos impuestos.


Ni siquiera las facilidades habilitadas en algunas comunidades autónomas como Murcia, Baleares, Cataluña, Navarra o Aragón frenaron el proceso. En particular, en la comunidad aragonesa el Departamento de Industria había habilitado procedimientos simplificados y difundido instrucciones para fomentar las instalaciones de autoconsumo en industrias y edificios amparándose en el reglamento de Baja Tensión. Una vía que también “trunca” el nuevo Decreto, según señalan desde el sector, que critica que el movimiento del ministro Soria se haya dado en un momento de escasa posibilidad de acción para las autonomías, en medio de las formaciones de nuevos gobiernos. “De forma práctica, habrá que pedir multitud de permisos más para promover estas instalaciones, que en última instancia serán resueltas por las compañías distribuidoras y el Ministerio, no por las autonomías”, señalan desde la Plataforma para el fomento del autoconsumo. Pese a esto, fuentes del Ejecutivo en funciones reiteran que si la CNMC les solicta observaciones al plan del Ministerio estas irán encaminadas en el mismo sentido a las que ya envió hace un año.Aragón tendrá el mayor 'riego solar' por autoconsumo de Europa


Donde no afectará de ponerse en marcha la futura norma es en las instalaciones aisladas de la red. Aquellas destinadas a proporcionar energía en lugares donde no llegan las compañías eléctricas y a las que, por lo tanto, no se les puede aplicar un peaje de respaldo ya que no se apoyan en ninguna infraestructura. Su uso, especialmente pródigo en el mundo agrario, tendrá a finales de este mes un nuevo hito en Aragón, donde una plantación de frutales de 25 hectáreas en Luceni contará con el mayor riego por autoconsumo de Europa, según explican sus instaladores, la empresa AMB Green Power. Allí, una instalación de placas fotovoltaicas permitirán que el riego por goteo se produzca sin ningún consumo de gasóleo o electricidad suministrada por las vías convencionales.


Otro de los caminos abiertos para el autoconsumo, el ligado a los hogares, sí que tendría cortapisas para potenciarse con la llegada del nuevo Decreto, sobre todo si se cuentan con sistemas de almacenamiento privados similares a la batería recientemente lanzada por la casa Tesla, cuyo uso podría recibir un impuesto con la nueva regulación, según explicó el experto en regulación energética Jorge Morales de Labra a Europa Press poco después de conocerse los detalles del borrador.