La DGA cifra en un 75% las parcelas afectadas por la crecida del Ebro que ya están peritadas
Entre ellas no figuran las parcelas no aseguradas que no fueron valoradas como reparación urgente.
Alrededor del 75 % de las parcelas afectadas por la crecida del Ebro ya han sido peritadas, entre las que contaban con seguro y las que, pese a no contar con este respaldo asegurador, las pérdidas fueron valoradas de forma urgente por técnicos del Gobierno de Aragón.
El plan de trabajo de estas peritaciones de fincas no cubiertas por una póliza de seguros apunta a que las valoraciones de las parcelas podrían estar terminados a principios del próximo mes de junio, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Las producciones que contaban con una póliza de seguro ya han sido visitadas y la peritación se ha realizado por Agroseguro de acuerdo al sistema previsto que afecta a 6.700 hectáreas distribuidas en 7.840 parcelas.
Simultáneamente, se ha realizado por técnicos del Gobierno de Aragón la visita a más de 1.660 parcelas y valoración de aquéllas fincas en las que los afectados manifestaron la urgencia de reparación o de cambio de cultivo.
En el caso de la crecida del Ebro, los datos iniciales ponían de manifiesto que había que realizar peritaciones en 12.339 parcelas, que emanaban de 1.866 expedientes de ayuda presentadas en las oficinas habilitadas por el Gobierno de Aragón, aunque en determinados casos se precisará una segunda visita.
En el último ejercicio completo, el de 2014, el Gobierno de Aragón subvencionó con 8,5 millones de euros el importe de las primas soportadas por los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma, primas a las que también contribuye la Administración General del Estado a través de Enesa.
La aportación económica anual a la prima de estos seguros por parte de ambas administraciones permite hacer más asumible el seguro (con una medida cercana al 40 % de la prima, según los casos) de 36.659 agricultores y ganaderos.
Más de 716.000 hectáreas y 34 millones de cabezas de ganado cuentan con una garantía aseguradora en la que participan en su pago Gobierno Aragón y Administración Central.
