Diez diputados de las Cortes han solicitado compatibilizar su cargo con otra actividad

Compatibilizar determinadas actividades con el trabajo de diputado ha generado un intenso debate en el Congreso después de que se descubriera que el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP, Vicente Martínez-Pujalte, cobraron por asesorar a una constructora. Este hecho ha abierto el debate entre la legalidad y la ética, puesto que hay determinadas tareas que se pueden compatibilizar con el ejercicio como diputado, pero no están bien vistas moralmente. 

En Aragón, durante la última legislatura hubo diez diputados que solicitaron compatibilizar su labor en las Cortes con otros empleos o cargos. Por ejemplo, José Ramón Laplana (PSOE) pidió seguir cultivando sus 27 hectáreas de secano a tiempo parcial, mientras que Javier Campoy (PP) solicitó la compatibilidad para ser administrador de dos entidades privadas de las que según asegura no recibe ningún tipo de remuneración. Estos son algunos de los supuestos que se le han presentado a la comisión de reglamento, que es la encargada de decidir si el realizar ambas labores conlleva un caso de incompatibilidad.

“A esta comisión solo suelen acudir aquellas personas que tienen dudas sobre si se pueden llevar a cabo todas las ocupaciones que realiza”, destacan desde las Cortes de Aragón. Y es que no es obligatorio pedir que te lo reconozcan, aunque sí presentar una declaración de actividades. Si se comprueban las declaraciones de los 67 diputados de las Cortes, se puede ver cómo muy pocos se dedican solamente a su labor como diputado.

Aun teniendo dedicación exclusiva, los diputados pueden participar en medios de comunicación como Ana Patricia Luquin (IU), colaborar con la Universidad de Zaragoza como es el caso de Alfredo Boné (PAR) y tener producción literaria o científica como Jesús Gregorio Briz (CHA) sin necesidad de pedir a la comisión que lo reconozca puesto que ya así aparece especificado en la ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, a la hora de elaborar la declaración de actividades no existe ningún mecanismo en la institución para corroborar si existen otras ocupaciones además de las que se especifican.

Un total de 23 diputados no realizan otra tarea que no sea en las Cortes de Aragón o en los medios de comunicación, pero sin recibir ningún tipo de remuneración. Por el contrario, los 44 restantes tienen alguna ocupación más. Entre ellas, las más comunes son ostentar el cargo de alcalde o concejal de algún municipio aragonés y pertenecer al patronato de una fundación. No obstante, en caso que así sea, solo pueden ser remunerados por su labor como diputados, puesto que no pueden “percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Diputación General de Aragón o de las Administraciones Públicas”.

Por ello, un total de 10 diputados han solicitado no tener una remuneración por este trabajo, de este modo, pasan a cobrar dietas por su asistencia. En esta situación se encuentran los miembros del Gobierno de Aragón (presidenta y consejeros) y la presidenta de la Diputación Provincial de Teruel. Unos sueldos que en el caso de la presidenta Rudi y tres de sus consejeros se unen a la remuneración que reciben por parte del partido.

Las diputaciones provinciales

Cada diputación provincial funciona de una manera distinta. En la DPT, la presidenta, los vicepresidentes, el diputado delegado de Presidencia y los miembros de la Junta de Gobierno tienen dedicación exclusiva, mientras que el resto de la corporación tiene dedicación especial por lo que pueden compatibilizarlo con otras actividades. Por su parte, según diversas informaciones, en la DPZ no existe en estos momentos ningún cargo que desempeñe otras labores fuera de su trabajo como diputado.