El Gobierno central quiere obligar a los camiones de mayor tonelaje a circular por autopistas con peaje para así despejar el tráfico en dieciséis tramos de carreteras convencionales, de los cuales, según los documentos remitidos por el Ministerio de Fomento a las asociaciones de transportistas, dos estarían en Aragón.

El plan, que comenzó a tratarse con las empresas del sector a finales del mes pasado, supondría desviar a los camiones de cuatro o más ejes de las carreteras convencionales cuando existan tramos paralelos, bonificándoles entre un 35 y un 50% el precio del peaje. Una subvención “insuficiente” para los implicados en el sector que denuncian cómo, “bajo la bandera de la seguridad vial”, se pretende impulsar una medida recaudatoria.

En concreto, de los más de 1.300 kilómetros de autopistas que incluye el estudio realizado por Fomento, en Aragón se encuentran unos 140, ubicados en algunos de los tramos más conflictivos de la red de carreteras de la Comunidad.

Así, de salir adelante el plan -que en un principio, pretendía empezar en el segundo semestre del año- los camiones de mayor peso estarán obligados a tomar la AP-2 en los 95,5 kilómetros que separan Alfajarín de Fraga, cuya vía alternativa y gratuita actual, la N-II, concentra uno de los mayores índices de accidentes de la Comunidad.

Del mismo modo, la autopista vasco-aragonesa (AP-68), se ubica como el tramo continuo más largo en el que se encontraría esta nueva medida, que estaría vigente en los casi 200 kilómetros que separan Alagón con Miranda de Ebro, y que en lo que respecta al tramo aragonés, sacaría a la mayoría de los camiones del tramo de la N-232 que concentra otro bueno número de los accidentes hasta la altura de Mallén.

La política que pretende abordar ahora el Gobierno se asemeja a la ya impulsada por la DGA en colaboración con el Ministerio y Albertis, la matriz de las dos empresas concesionarias en estos tramos de peaje, bonificando el paso de camiones, aunque, eso sí, sin incluir la obligatoriedad de uso.

Desde el sector del transporte, la medida planteada -que volverá a ser debatida en reuniones a partir de abril- se toma como un perjuicio más a un sector “tremendamente castigado por la crisis y las medidas del Gobierno”.

“Nosotros, como es lógico, somos los primeros interesados en que la seguridad vial sea la mayor, pero nos negamos a que todos los cambios del Gobierno pasen por añadir más gastos a las cuentas de los conductores”, explica María José Pardo, gerente de Tradime, la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías de Aragón, donde se teme que de cumplirse, esta nueva directriz merme aún más el margen de beneficio de los camioneros autónomos, y que además señala que “un conductor, si tiene que pagar porque le conviene pagar, lo hace; pero hay tramos cortos donde no es productivo”.

Por el momento, las negociaciones entre el Ministerio y los transportistas giran en torno a cómo se efectuarán las bonificaciones. El sector exige que no sean rígidas y se flexibilicen en función de distintos factores, como la carga, el horario o la época del año, pidiendo que en algunos casos llegue por encima del 70% del peaje. Para ello, el Comité Nacional del Transporte realizará a lo largo de las próximas semanas un estudio sobre el coste que puede suponer para cada distinto tipo de camión hacer las rutas marcadas por Fomento.

Con todo, el Gobierno central espera sacar de las carreteras convencionales españolas a más de 9 millones de camiones, según afirmó la pasada semana el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, ante la Comisión de Fomento del Congreso en respuesta a una pregunta parlamentaria. Más dudas hay sobre la viabilidad del plan, ya que de momento solo hay consignados 5 millones que irían a parar a las operadoras de los más de 1.300 kilómetros que absorberán este tráfico. Insuficiente según los cálculos de las asociaciones de los camioneros.Las Cortes apuntaban este jueves en el mismo sentido, pero de forma gratuita

Y en medio de este debate, este mismo jueves las Cortes proponían en sesión plenaria una solución similar. Obligar a los transportistas a desviar los camiones desde las carreteras N-II y N-232 a las autopistas paralelas, AP-2 y AP-68, aunque, eso sí, de forma gratuita, asumiendo el Ministerio de Fomento el coste del peaje "íntegramente". Una cuestión en la que estuvieron de acuerdo todos los grupos, debido a la alta siniestralidad de estas vías, que siguen pendientes de un desdoblamiento no conseguido por ninguno de los últimos Gobiernos.