Las Cortes de Aragón han solicitado este lunes al Gobierno de Aragón la puesta en marcha del procedimiento previsto para la emisión del informe preceptivo relativo a los trasvases, dentro de "la tramitación de las normas que sustituyan las declaradas nulas en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Evaluación Ambiental", tal y como figura en la iniciativa del PAR que ha obtenido el apoyo unánime de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 5 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de varias disposiciones de la Ley de Evaluación Ambiental, a raíz del recurso interpuesto por las Cortes de Aragón, tal como se aprobó mediante pleno extraordinario del 27 de febrero de 2014. En concreto, se anulaban las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas mediante enmiendas en la tramitación parlamentaria de la ley.

Ha sido el diputado aragonesista Antonio Ruspira el encargado de defender esta proposición no de ley, compuesta de tres apartados. Según sus palabras, "se trata de una iniciativa muy importante, que, por un lado, reafirma la posición firme y sin fisuras de todos los grupos en torno a la defensa de los intereses de Aragón y, por otro, sirve para reconocer el trabajo de la Asesoría Jurídica de las Cortes de Aragón".

En este sentido, el primer apartado pide "velar por los intereses de Aragón y el cumplimiento estricto del Estatuto de Autonomía", un marco legal que, de alguna forma, viene marcado por la entrada vigor de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, prevista para el mes de junio.

Al respecto, Ruspira ha pedido que el procedimiento previsto en la nueva ley, con la incorporación de las aportaciones del Consejo de Ordenación del Territorio (COTA), el Instituto Aragonés del Agua, la Dirección General de los Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón, descrito en el punto dos de la iniciativa, sea también aplicado en caso de que la solicitud de informe se realice antes "así como un pronunciamiento de las Cortes, más allá de su mero conocimiento, al que ya obliga la actual Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón".

El portavoz del PP en la Comisión Institucional, Fernando González Celaya, se ha congratulado de la tramitación de este tipo de iniciativas, "con tan amplio consenso", a la vez que ha asegurado que "no se puede consentir de ninguna de las maneras" la situación creada con la Ley de Evaluación Ambiental. Carlos Tomás, por parte del PSOE, también ha mostrado su satisfacción por "una iniciativa que, por fin, ha servido de algo", mientras que se ha referido a la importancia de la postura del próximo arco parlamentario para solucionar este asunto.

Por último, el portavoz de CHA, José Luis Soro, que ha reclamado la paternidad del recurso y ha destacado la "excelente calidad técnica" de los Servicios Jurídicos de las Cortes, ha lamentado que este tipo de reclamaciones no se extrapole a otros ámbitos, como "el de la financiación".

Por su parte, Patricia Luquin, en nombre de IU, ha insistido en la necesidad de "reafirmar el estricto cumplimiento del marco legal en esta materia" y en que el Gobierno de Aragón "debe velar por la defensa de nuestros intereses".Ley de transparencia

En otro orden de cosas, la Comisión ha dejado listo para su debate definitivo en Pleno el proyecto de Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

El órgano parlamentario de debate permanente ha convertido esta mañana en dictamen el informe realizado en el seno de la correspondiente Ponencia, un grupo que trabajo que, bajo la coordinación del diputado del PP Fernando González Celaya, que también ha sido designado para presentar el texto final en el hemiciclo, ha analizado casi trescientas enmiendas parciales.

También han formado parte de la Ponencia el socialista Carlos Tomás y los portavoces de PAR, CHA e IU, Alfredo Boné, José Luis Soro y Patricia Luquin, respectivamente. Por volumen de enmiendas, el grupo que más presentó fue IU, con 111, seguido por CHA, con 90, y el PSOE con 78. Además, el PAR registró otras doce.

El proyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana fue registrado en la Cámara autonómica en septiembre del pasado año. Una vez que los grupos elaboraron sus aportaciones al texto y calificadas en la Mesa correspondiente, la Ponencia ha estado valorando en las últimas semanas su incorporación al texto antes de aprobar el informe que se ha debatido esta mañana y convertido en Dictamen para su valoración definitiva por el Pleno de la Cámara.