Las expectativas se han cumplido y a pesar de las críticas lanzadas a lo largo de la causa contra el juez del caso Naves por lo que los acusados consideraron una "instrucción precipitada", el magistrado Francisco Picazo ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el ex director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco; y el expropietario de Real Zaragoza, Agapito Iglesias, por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad, estafa y administración desleal.

De esta manera, el llamado caso Naves, en el que se ventila una presunta malversación de unos 16 millones de euros en la construcción de 119 edificios modulares en la Plataforma Logística de Zaragoza, será la primera de todas las investigaciones penales que se abrieron en torno a las obras de Plaza en llegar a juicio.

Ante la gravedad de las penas que se piden para cada uno de los acusados –entre 12 y 16 años de prisión– el juez les requiere también una fianza de 34 millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas en las que pudieran incurrir. De esa cantidad, que deben presentar conjunta y solidariamente en el plazo de un día (desde que se notifique el auto), hay que descontar la fianza de 18,8 millones que ya les exigió hace meses con la misma finalidad. Si no hacen frente a la parte que ahora les reclama –15.150.000 euros–, el magistrado ordena que se decrete el embargo de sus bienes que, por otra parte, ya tienen embargados. Francisco Picazo reclama además otros 24,5 millones de euros a la empresa Codesport, de Agapito Iglesias, como responsable civil subsidiaria.

Pruebas ante la Audiencia

Ahora deberán ser los respectivos abogados defensores de los cuatro acusados –José María Gimeno del Busto, Carmen Cifuentes, Juan Monclús y Miguel Ángel Alemán–, quienes presenten sus escritos de defensa y soliciten las pruebas que consideren oportunas ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde serán juzgados presumiblemente en unos meses.

La Fiscalía y las tres acusaciones particulares personadas en la causa –el Gobierno aragonés, la sociedad pública Plaza y el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD)– mantienen que los acusados malversaron entre 15,2 y 17,8 millones de euros (dependiendo de la valoración de cada una) aprovechando un contrato con una de las empresas constructoras de Agapito Iglesias para construir 119 naves en Plaza.

Todas argumentan que los cuatro imputados se pusieron de acuerdo para desviar fondos públicos en beneficio propio. Lo hicieron, según sus escritos, a través de un contrato adjudicado a Codesport para que construyera 119 naves en dos parcelas de Plaza, encargo que estaba presupuestado en 14.525.267 euros (más IVA) y por el que la sociedad pública acabó pagando 32.329.270 euros. El contrato especificaba que la obra debía adjudicarse por "procedimiento abierto" y bajo la modalidad "llave en mano", y decía expresamente que no procedía la revisión de precios y que cualquier incremento se entendía que estaba incluido en los precios ofertados. Sin embargo, según las acusaciones, los encausados concertaron un plan para introducir modificados que estaban prohibidos en el contrato, facturaron por obras fantasmas y giraron recibos por partida doble.

Además, fue la propia empresa de Iglesias la que elaboró los pliegos de cláusulas del contrato y lo hizo con "mucha antelación" a ser aprobado por Plaza. Incluso, según el fiscal, García Becerril y Pérez Cervantes llegaron a modificar al alza las valoraciones de las ofertas presentadas al concurso de adjudicación de las obras para que resultara elegida Codesport.