La relación entre inquilinos y caseros tiene en los últimos años un foco caliente de conflicto: el impago del alquiler. Los apuros para llegar a fin de mes impiden a muchas familias hacer frente a este gasto. Una situación que, lejos de solucionarse, va a peor. Así lo atestigua el último informe anual sobre la morosidad en arrendamientos urbanos, elaborado por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM).

Según sus registros, las comunidades de Aragón y Madrid fueron las que más incrementaron su morosidad en el último año, al registrar un 16,5% más de casos, seguidos por Cataluña (15,7%), País Vasco (15,3%) y Andalucía (14,9%).

El FIM es el principal registro de la morosidad en el país, que sirve de termómetro para medir esta problemática. Se trata de uno de los archivos -aunque no el único- que contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales. Incluye a su vez datos procedentes de sentencias judiciales por desahucio.

El análisis de sus ficheros permite conocer que, pese a que la morosidad en Aragón sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, la cuantía adeudada está muy por debajo de la media nacional. En concreto, el impago medio en la Comunidad alcanza los 3.409 euros, mientras que otros territorios, como consecuencia del precio del alquiler de sus viviendas, superan los 10.000 euros de deuda. Es el caso de la comunidad madrileña (14.242 euros) o Murcia (13.700 euros), mientras en Baleares rozan esta frontera (9.428 euros).

En cuanto a las tres provincias aragonesas, Huesca fue la que peor parada salió en los últimos doce meses, al aumentar su morosidad hasta un 23% y alcanzar una deuda media cercana a los 4.000 euros. En Teruel se quedaron en 2.900 euros con un incremento del 8,7%, mientras que en Zaragoza creció un 17% y acumuló una deuda de 3.200 euros.

Y eso que el precio del alquiler de vivienda siguió bajando en el último año, en concreto un 1,4% en la comunidad aragonesa. En el conjunto de España, el precio de los alquileres descendió un 0,6%. La inestabilidad laboral, la caída de los sueldos y la dificultad de acceso al crédito –la firma de hipotecas cerró el pasado año con una caída del 14,3%- obligan a los jóvenes a recurrir a esta forma de residir en una casa.

Además, el perfil de las personas que viven de alquiler ha cambiado en los últimos años, y cada vez son más las familias asentadas y con hijos que deben recurrir al arrendamiento para poder seguir adelante.

Protección de pago

Para evitar casos de morosidad, en los últimos años se han multiplicado las herramientas de blindaje de pagos, con la aparición de numerosos registros de morosos o productos de garantía de cobro. Una de las más extendidas es la contratación de un seguro de cobro. Las principales aseguradoras ofrecen este tipo de servicios a cambio de una comisión. O lo que es lo mismo, quien oferta el piso recibe menos al mes, pero lo recibe.

A este mercado se han unido empresas intermediarias y las propias compañías inmobiliarias. Además, se incluyen coberturas por destrozos o conflictos vecinales. Existen productos de este tipo por unos 500 euros al año, cantidad que muchos propietarios están dispuestos a pagar.

Desahucios por alquileres

Sin embargo, no son pocos los casos que llegan a enquistarse y acaban en vía muerta. Es entonces cuando entra en juego el aparato judicial. Solo en la capital aragonesa los juzgados habían recibido hasta el mes de diciembre 1.327 solicitudes para desalojar a inquilinos que no podían pagar al arrendador.

Esta cifra supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados por el partido judicial. Aunque estos desalojos incluyen los que se solicitan en locales comerciales y segundas residencias, la inmensa mayoría corresponden a primera vivienda, donde se dan los casos más dramáticos para los afectados.

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