El Gobierno destina 100 millones a paliar las inundaciones de la crecida del Ebro y otros daños

En total serán 105,7 millones para reparar los daños ocasionados por el temporal de lluvia, nieve y viento, además de la crecida del Ebro. El Ejecutivo destinará 24,4 de ellos para la limpieza del cauce del río.

Crecida a su paso por Zaragoza
El Gobierno destina 100 millones a paliar las inundaciones de la crecida del Ebro y otros daños
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El Gobierno dedicará 105,7 millones de euros para reparar los daños ocasionados por el temporal de lluvia, nieve y viento entre enero y marzo de este año, que han ocasionado el desbordamiento de ríos, especialmente el Ebro. Del total de daños, cien millones son de titularidad pública, según cálculos provisionales.


El Gobierno ha aprobado un real decreto ley de ayudas para paliar estos desperfectos, que no se cerrará hasta el próximo 31 de mayo porque los efectos persisten en algunas zonas y se pueden añadir nuevas indemnizaciones, han informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.


La norma también incluirá los efectos causados por la crecida del río Ebro, la peor de los últimos 20 años, que ha afectado principalmente a Zaragoza.


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) dedicará 70,1 millones, el de Fomento aportará 30,6 millones, Interior unos cinco millones -medio millón para daños en vivienda y enseres, un millón para establecimientos comerciales y 3,5 millones para gastos de emergencia de ayuntamientos-.


De la cantidad aportada por el Magrama, 43,5 millones servirán para reparar los daños en el dominio público hidráulico.


Concretamente, en la cuenca del Ebro se han detectado actuaciones prioritarias para restablecer las zonas a su estado por valor de 24,4 millones, mientras que en la cuenca del Duero se han detectado daños por importe de 11 millones, en la cuenca del Miño-Sil por 3,6 millones y en la cuenca del Cantábrico por 4,5 millones.


Además, 21,5 millones de euros se dedicarán a reponer los daños en el dominio público marítimo terrestre y otros 5,1 millones son para caminos rurales.


Dada la general afectación del país, no se han detallado las Comunidades Autónomas sino que se han determinado los núcleos de población a los que se aplicarán estas medidas en una posterior orden de la cartera de Interior, ha explicado Fernández Díaz.


De la norma solo quedarán exentos los territorios de Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura y la Comunidad de Madrid.Novedades


Entre las novedades, Fernández Díaz ha apuntado a que se sustituye el concepto de establecimiento ganadero por el de explotación para ampliar las ayudas a otros daños; las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses -antes era un mes- y se acorta de seis a tres meses el tiempo del que dispone la Administración para resolverlas.


Otra novedad es que quedarán exentas de evaluación de impacto medioambiental aquellas obras de reparación o instalaciones que se ejecuten por un procedimiento de urgencia.


En este último caso, será necesario un acuerdo previo del Consejo de Ministros, un supuesto recogido en la ley de evaluación ambiental, ha matizado el ministro.Los agricultores sin seguro cobrarán como si lo tuvieran

El decreto aprobado establece que aquellos agricultores que todavía no habían suscrito el seguro agrario, porque aún no había comenzado la siembra de sus cultivos, pero que lo habían abonado en la última campaña, también serán indemnizados ya que se considerará como si lo hubiesen hecho.


Se prevé un régimen de ayudas específicas y la adopción de medidas paliativas y compensatorias, dirigidas a la recuperación de las zonas afectadas y a la reparación de los daños producidos.


Entre las medidas que competen a Interior figuran las ayudas de emergencia (daños personales, materiales en viviendas...); Hacienda y Administraciones Públicas concederá beneficios fiscales y financiará hasta en un 50 % obras de infraestructuras y equipamientos municipales, de las mancomunidades y comarcas y de la red viaria de las Diputaciones.


El real decreto ley también establece la creación de una comisión interministerial para la aplicación y seguimiento de las ayudas.