PP y PAR suavizan la polémica reforma del salario social y la aprobarán la próxima semana

Contra viento y marea y casi en el tiempo de descuento. Populares y aragonesistas aprobarán en el próximo pleno de las Cortes la polémica reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Lo harán con toda la oposición en contra, que sigue exigiendo la retirada del proyecto de ley, y después de haber tenido que suavizar el texto vía enmiendas por el rechazo de las entidades sociales ante el endurecimiento de los requisitos y la limitación de la percepción del salario social a un máximo de tres años.

Tras la contestación que obtuvo el documento, finalmente los grupos que sustentan al Gobierno han modificado algunos de los puntos más controvertidos. No obstante, la oposición en bloque sigue tildando la ley de "injusta e innecesaria" y considera que está "únicamente pensada para reducir el número de beneficiarios".

Con los cambios introducidos durante la ponencia parlamentaria, por ejemplo, para solicitar el ingreso ya no será necesario estar empadronado dos años antes y de forma ininterrumpida en Aragón, y bastará con residir legalmente en territorio español.

Aunque para cobrar el IAI habrá que tener entre 25 y 65 años, en la ponencia se han establecido excepciones.

Así, por ejemplo, podrán recibirlo los menores de esa edad que tengan hijos o discapacitados a su cargo o que sean víctimas de malos tratos, huérfanos o procedan de instituciones de tutela. Y los mayores que hayan solicitado una pensión no contributiva hasta el momento que se les reconozca.

Además, "excepcionalmente", podrá otorgarse la ayuda a quienes incumplan los requisitos, pero atraviesen "una situación de grave vulnerabilidad o exclusión social". Eso sí, tendrá que avalada por los servicios sociales y contar con un informe favorable de la Comisión de Seguimiento.

La ley seguirá limitando el cobro de la prestación a tres años -una de las medidas que más rechazo concitó al conocerse- pero los socios de gobierno también aquí han intentado suavizar la norma ante la oposición de las entidades y colectivos sociales.

"En casos de extrema necesidad", y cuando en la unidad familiar "haya menores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o problemas sociosanitarios", se podrá extender la ayuda.

En el trámite parlamentario, también se han reducido sobre el papel los plazos para la concesión de las ayudas. Si en el proyecto de ley se establecía un máximo de tres meses, ahora se reduce a uno (15 días para víctimas de malos tratos).

No obstante, tanto la oposición como el Justicia de Aragón han advertido reiteradamente que en la práctica el periodo medio de concesión supera los 8 meses.

Pese a que la ley recibirá el visto bueno en el próximo pleno, aún tendrá que desarrollarse reglamentariamente por parte la DGA. Un trámite al que, salvo sorpresa, no dará tiempo, dado lo exiguo de los plazos hasta final de legislatura.

Tanto PP y PAR defendieron ayer que "se ha mejorado el texto" con las aportaciones de los colectivos y argumentaron la necesidad de "adaptar la ley a la realidad actual".

La popular Carmen Susín destacó que se "agilizará la tramitación y se "garantizará que el dinero llega a quien verdaderamente lo necesita". Una idea que también puso sobre la mesa el aragonesista, Manuel L. Blasco, quien deseó que en "poco tiempo" la ley sea "ineficaz por innecesaria".

En contra, la oposición en bloque reclamó la retirada. La socialista María Victoria Broto tildó la ley de "retroceso" y lamentó que se busque "reducir el número de beneficiarios y acabar con una prestación esencial que fue aprobada por consenso".

"Actualmente hay más de 4.000 personas esperando la ayuda y no han hecho nada por gestionarla adecuadamente", criticó.

Patricia Luquin, de IU, la consideró "injusta" y censuró que la DGA elimine "el carácter subjetivo de la prestación" y endurezca las condiciones de acceso, "condenando a aragoneses a la pobreza".

Por parte de CHA, Carmen Martínez argumentó que "lo esencial no se ha tocado" y la ley "sigue estando diseñada para reducir el número de beneficiarios a través de la eliminación de la prestación como derecho subjetivo y del endurecimiento de los requisitos".