El portavoz del Gobierno de Aragón y consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este martes que la Cámara de Cuentas debe fiscalizar si la Administración aragonesa gasta "bien o mal" conforme a criterios de eficiencia, no el criterio político que se ha seguido en la ejecución de los Presupuestos.

El Gobierno regional ha presentado, a las 19.20 horas de este lunes, las alegaciones al anteproyecto de informe de fiscalización realizado por la Cámara sobre la gestión del Presupuesto autonómico en 2012 y 2013, documento que se hizo público semanas atrás y que pone de relieve algunas incidencias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, ha manifestado la "confianza" del Ejecutivo en que la Cámara de Cuentas valore "adecuadamente" todas las alegaciones presentadas "para despejar cualquier duda sobre la gestión" llevada a cabo.

Ha observado que, en el informe provisional, el órgano fiscalizador "en ningún momento ha puesto en duda la gestión" del Gobierno, sino que ha cuestionado "algunas incidencias del procedimiento". A su juicio, la gestión "ha sido totalmente rigurosa" y se ha llevado a término "dentro de los procedimientos legales establecidos".

Plan Impulso

Javier Campoy ha hecho especial hincapié en el Plan Impulso, sobre el que la Cámara de Cuentas señala que se ejecutó solo al 60 por cien y que parte de la dotación se destinó a pagar nóminas. Al respecto ha resaltado que "cumplió la vocación para la que nació, potenciar la recuperación y fomentar la protección de los más desfavorecidos".

Ha dejado claro que el Gobierno "apostó políticamente" por destinar al Plan Impulso una parte de la flexibilización del endeudamiento que autorizó en 2013 el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, subrayando que "fue una decisión política que no debería ser cuestionada por la Cámara" y que contribuyó al "cambio de tendencia" de la economía.

"Una cosa es el análisis político y otra la auditoría", ha recalcado Campoy, para afirmar que el Plan Impulso se elaboró y ejecutó "de forma escrupulosa", respetando el ordenamiento jurídico y "se cumplió exquisitamente con la ley". Ha aseverado que "este Gobierno lo volvería a hacer, por supuesto".

"Ojalá hubiera dado tiempo a ejecutarlo al cien por cien, el plazo era muy limitado", ha lamentado el consejero de Hacienda, quien ha insistido en que la ejecución fue "tremendamente alta" en algunas medidas que eran "prioritarias", como las relativas al empleo.

Con este Plan se crearon 4.200 empleos directos y 11.000 indirectos y algunas partidas se ejecutaron íntegramente, como los incentivos a la contratación de jóvenes parados.

El Gobierno aragonés no tendrá "ningún inconveniente" en hacer suyas las recomendaciones planteadas por la Cámara que redunden en una mejor gestión. "Vamos a esperar al informe definitivo", ha apuntado Campoy.

Un solo presupuesto

Roberto Bermúdez de Castro ha resaltado que el Plan Impulso "forma parte del Presupuesto" y que la Cámara no puede analizarlo "como si fuera diferente" porque esto "lleva a equívocos".

Ha comentado que el Gobierno tenía una autorización de endeudamiento de unos 850 millones de euros, más de 500 para amortizar y refinanciar deuda y el resto para inversión, indicando así que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma forma un conjunto "global" y no se debe separar el Plan Impulso del resto.

A esto ha añadido que la decisión de invertir en el Plan Impulso y no destinar esta dotación a enjuagar el déficit fue "política", afirmando así que "es todo muy alegable, muy defendible".

Bermúdez de Castro ha proseguido exponiendo que cuando acabó el ejercicio económico de 2013 quedó parte del presupuesto del Plan "como remanente", por lo que "lo destinamos a otra cosa", a pagar nóminas, haciendo notar que "no se ha destinado a otra cosa rara".

El Gobierno recogió en el Plan Económico-Financiero de 2014 que la ejecución del Plan había llegado al 60 por ciento y que en el mismo se permitía cambiar el destino de los créditos.

El consejero de Presidencia ha restado importancia a las observaciones de la Cámara sobre el Fondo de Contingencia, comentando que "no teníamos hilo directo con Agapito" Iglesias, entonces máximo accionista del Real Zaragoza S.A.D., para saber que sería necesario pagar el aval firmado con anterioridad por el Ejecutivo. En general, "nos parece un poco fuerte" que la Cámara diga que se actuó con "falta de rigor".

Asimismo, ha considerado que "no es bueno para nadie que los anteproyectos se filtren", sin señalar a nadie en concreto, ya que "este informe lo tenía muchísima gente".