2014 será recordado, entre otras cosas, por ser el primer año en el que las Administraciones públicas empezaron a perder el pudor a mostrar sus cuentas y gastos de forma mucho más accesible para el ciudadano. Ya sea por el creciente interés o por aislar cualquier sospecha de corrupción, la aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno ha comenzado a llegar a todas las entidades públicas y órganos de gobierno del país aunque, eso sí, a un ritmo y bajo unos criterios distintos.

La Administración central del Estado era la primera en aplicar la Ley lanzando el pasado 10 de diciembre su propio portal de transparencia. Más de 500.000 datos -algunos nuevos, y otros compilaciones de otros portales- que tienen el objetivo de ofrecer al ciudadano de forma clara “información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Esto es, publicar desde convenios, concesiones, subvenciones o ejecuciones presupuestarias hasta los ingresos y las declaraciones de bienes de sus altos cargos, así como su gasto en dietas.

En Aragón, este ejercicio de 'nudismo' administrativo también lleva implementándose desde hace un tiempo. A pesar de que la Ley da un año más de plazo (hasta diciembre de 2015) para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos hagan públicos sus datos, tanto la DGA como el Ayuntamiento de Zaragoza fueron considerados pioneros cuando comenzaron hace algo más de año y medio a mejorar el acceso a la información de la ciudadanía a través de sus páginas web. Un proceso que estas dos instituciones están ultimando en este final de año y que también se ha acelerado en las entidades autonómicas y locales de toda España en las últimas semanas con el objetivo de llegar de la forma más 'transparente' posible a las próximas elecciones de mayo.

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el mes de abril una ordenanza propia que esta semana tocó tierra al hacerse pública la declaración de bienes y los salarios del alcalde y los concejales. Mientras que, por su parte, el Gobierno de Aragón se encuentra ultimando la primera Ley de Transparencia propia de la autonomía que también se concretará en menos de un mes en una web específica (actualmente ya hay disponible un apartado dentro de la web general) donde se dará publicidad a todos los datos que marca la nueva norma.Otros cuatro ayuntamientos ya se han adaptado, y hay más procesos en marcha

Sin embargo, una vez que se amplía el foco por encima de DGA y el Ayuntamiento de la capital, el panorama se vuelve mucho más disperso. Hasta la fecha, solo otros cuatro de la quincena de ayuntamientos de más de 10.000 personas que hay en Aragón han intentado adaptarse a la aplicación de la Ley. Utebo y Ejea ya tenían disponibles en sus webs apartados de transparencia y las retribuciones de sus ediles a mediados de año, un esfuerzo al que se han sumado además Calatayud y Barbastro.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huesca se encuentra estos días preparando también un nuevo acceso a través de su portal en internet con los datos, algo que también están haciendo en Monzón, y de forma aún primigenia en Cuarte de Huerva.

Mención aparte merecen las comarcas. El proyecto de la inminente ley aragonesa los recoge como sujetos obligados a publicar sus cuentas y gastos de forma clara y específica, al igual que la Ley nacional, pero por el momento solo la comarca de Andorra Sierra de Arcos ha habilitado un espacio en su portal para los ciudadanos, que sigue en construcción. Si bien, una decena de ellas han comenzado a elaborar procesos de participación ciudadana de la mano de la DGA a partir de distintos proyectos.¿Todos los Ayuntamientos están obligados?

Pese al impulso mantenido en las últimas semanas, las distintas organizaciones y fundaciones que en los últimos tiempos han ganado peso como observadores de todos estos procesos de transparencia lamentan que se esté llevando a cabo sin un criterio claro. “La Ley nacional carece de un reglamento de aplicación que tendría que haber sido desarrollado en marzo, y que ahora nos dicen que saldrá en enero. Este reglamento tendrá la función de concretar mucho más las obligaciones de las entidades públicas, sobre todo a nivel local”, explican desde Civio, organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia pública y ha asesorado a distintas instituciones en sus procesos de apertura a la ciudadanía.

Pese a esto, aseguran que “con la Ley en la mano, todos los ayuntamientos, cabildos, concellos, comarcas y entidades similares deberán publicar sus datos a través de sus propios sitios web”, según recoge el artículo número cinco de la normal nacional, que además concreta que esta información deberá presentarse de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables”. Un requerimiento claro pero que parece no tener en cuenta los casos de los municipios más pequeños -tan frecuentes en Aragón- donde este esfuerzo, también económico al tener que remodelar sus portales, puede ser complicado.

En Calatayud, cuarta ciudad por población en Aragón, la puesta en marcha de su web de información ciudadana ya se hizo con más imaginación que dinero. “Pedimos a una empresa que retocara nuestra web, pero subía mucho el presupuesto, y al final se decidió crear entre el concejal de nuevas tecnologías y el área de comunicación del Ayuntamiento”, explican desde el consistorio bilbilitano.

“Es cierto que ahí hay un vacío que el Gobierno aún no ha querido atender porque aprobó la Ley pero no la desarrolló. Lo cierto es que de aquí a mayo, cuando sean las elecciones, esperamos que muchos más ayuntamientos y organismos locales intenten amoldarse según los índices de transparencia internacional, pero lo estarán haciendo un poco a ciegas si el Gobierno central no marca unas directrices claras”, explica a Heraldo.es Helen Darbishire, directora ejecutiva de Acces-Info, otra organización, esta a nivel europeo, que vela y fiscaliza si se están cumpliendo unos objetivos mínimos de transparencia entre las instituciones.