La nueva ley de bibliotecas de Aragón seguirá su tramitación parlamentaria tras el rechazo del pleno de las Cortes, con los votos del PP y el PAR, de las enmiendas a la totalidad pidiendo su devolución presentadas por CHA e IU, que ha apoyado el PSOE.

En defensa del texto, la consejera de Educación, Dolores Serrat, ha subrayado que la ley obedece a una demanda del sector y de la sociedad fundamentada en la necesidad de adaptar la ley en vigor, de 1986, a la propia evolución de las bibliotecas y las innovaciones tecnológicas.

Tras indicar que el proyecto cuenta con consenso de los implicados, ha precisado que persigue la adaptación a la realidad territorial de Aragón, en referencia a las comarcas, la actualización del sistema de bibliotecas y la incorporación de las nuevas posibilidades técnicas, la creación de la red de bibliotecas y el establecimiento de un régimen sancionador.

Establece el conjunto de instituciones, centros, órganos y servicios bibliotecarios que, bajo la dirección del Departamento competente en materia de Bibliotecas, existen en Aragón, y define a la Biblioteca de Aragón como primer centro bibliográfico de la Comunidad Aragón y cabecera del Sistema de Bibliotecas.

Marca la creación de un mapa de bibliotecas y la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón, exponiendo los servicios bibliotecarios que ofrecen los centros integrados en la misma.

Como novedad, incluye un título dedicado al régimen sancionador, regulando las infracciones y sanciones administrativas que, sin perjuicio de lo establecido con carácter general, son propias de los centros bibliotecarios.

Aunque CHA e IU han admitido la necesidad de una nueva ley porque la actual está obsoleta, han pedido la devolución del texto, entre otras cuestiones, porque carece de memoria económica y porque al Gobierno se le "ha olvidado" incluir el título dedicado a los medios y recursos humanos para la gestión de las bibliotecas que sí recoge el texto en vigor, según han indicado, respectivamente, Gregorio Briz y Adolfo Barrena.

Briz ha insistido en que el texto presentado por el Gobierno supone "legislar gratis", porque carece de planificación y estimación de necesidades, y también de una mínima referencia a la cualificación del personal o a la formación permanente cuando las bibliotecas "no las puede gestionar cualquiera".