​La Universidad de Zaragoza crea un protocolo para evitar y combatir el acoso sexual

Cualquier miembro de la comunidad universitaria tiene la obligación de denunciar una mala conducta.

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza
​La Universidad de Zaragoza crea un protocolo para evitar y combatir el acoso sexual
Heraldo

Con el objetivo de evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo dentro de la Universidad de Zaragoza, el campus público ha publicado un protocolo para establecer un procedimiento para tratar de prevenir, en la medida de los posible, este tipo de conductas, así como, en última instancia, canalizar las denuncias que pudieran producirse y establecer el marco de aplicación.


El articulado establece una serie obligaciones, como la de poner en conocimiento de los responsables académicos cualquier posible caso. Además, toda persona que desempeña un puesto de responsabilidad en el campus está obligada a prestar atención y tramitar cualquier posible denuncia.


El texto tiene tres objetivos fundamentales: informar, formar y sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria en materia de acoso sexual y por razón de género, estableciendo pautas para identificar dichas situaciones, prevenirlas y evitar que se produzcan.


También busca disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para atender y resolver los casos puntuales que se puedan producir. Otro punto fuerte de la normativa es garantizar la seguridad, integridad y la dignidad de las personas afectadas y la aplicación de las medidas provisionales que procedan para la protección de las presuntas víctimas.


Asimismo, contempla la inclusión de medidas cautelares contra el supuesto agresor y la aplicación de las medidas sancionadoras pertinentes, que en última instancia supondría la expulsión de la entidad y su denuncia a las autoridades.


Se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.


El protocolo establece que se mantendrá el derecho a la intimidad del denunciante, y que el proceso y las posibles resoluciones se acometerán con la máxima celeridad posible.