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Aragón

Profesionales de los servicios sociales denuncian arbitrariedad en las tramitaciones del IAI

Solo en Zaragoza el IAI tiene 3.000 expedientes pendientes de resolución.

Efe. Zaragoza Actualizada 27/11/2014 a las 15:34
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Profesionales de los servicios sociales de asistencia han denunciado interpretaciones arbitrarias del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), extralimitaciones en la solicitud de documentación innecesaria y de otras cuestiones que podrían plantear dilemas de tipo ético y deontológico en las tramitaciones.

Así lo han puesto de manifiesto los representantes de la plataforma de entidades en contra del actual funcionamiento del IAI, integrada por profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, de Cáritas, del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón y del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales.

Según informa esta plataforma en una nota de prensa, solo en Zaragoza el IAI tiene 3.000 expedientes pendientes de resolución, con retrasos que oscilan entre los 8 meses si se trata de una renovación y los 10 meses si es un expediente nuevo.

Un hecho que, según Cáritas, pone de manifiesto las dificultades que tienen los colectivos en riesgo de exclusión, 255.000 personas en Aragón y más de 83.000 hogares, para acceder a prestaciones sociales públicas, como el IAI o las Ayudas de Urgente Necesidad.

La ong pone como ejemplo que de las 345 incidencias que detectó durante los pasados meses de verano por disfunciones en el funcionamiento de las prestaciones sociales, 298 correspondían al IAI, 93 a Ayudas de Urgente Necesidad y 24 a Ayudas de Integración Familiar.

Ocho de cada diez incidencias en el Ingreso Aragonés de Inserción estaban relacionadas con demoras y, de hecho, el 78 por ciento correspondían a prestaciones solicitadas entre enero y mayo de 2014 y algunas pendientes de resolver desde febrero de 2013.

Los trabajadores de los Servicios Sociales municipales constatan que se aplican criterios en la concesión del IAI como "un intento de reducir a toda costa el número de perceptores".

Y para ello se basan en que en las tramitaciones, además de las interpretaciones arbitrarias, no se tienen en cuenta contextos familiares o sus complejas situaciones sociales, se aplican criterios que no se corresponden con la actual legislación o se ignoran las circunstancias sociofamiliares de conflicto, hacinamiento o potenciación de la autonomía.

Los profesionales denuncian una la "lista de absurdos" "inacabable" como que se solicite el empadronamiento en una vivienda ocupada a una familia desahuciada u obligar a acudir a sesiones de motivación y orientación laboral en el Inaem bajo riesgo de perder la prestación, de "manera indiscriminada", sin tener en cuenta las diferentes situaciones sociales y familiares o de problemáticas previas.

Critican asimismo que se aplique la "presunción de falsedad" ante cualquier situación, aunque sea en contra del estudio y valoración del profesional de referencia.

Por su parte, los trabajadores sociales detectan una extralimitación en la petición de documentación innecesaria, minusvaloración de los diagnósticos y del contenido o incluso una "indagación extralimitada" como expedientes sobre causas de despido laboral.

Cuestiones que pueden llevar a dilemas de tipo ético y deontológico que el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y un Comité Deontológico van a estudiar en el primer trimestre del año 2015.

Afectados por esta situación como Luis, Edwin, Chelo, Marga, Susana y Daniel, a quienes no les gusta vivir del IAE, advierten en la nota de que no son "vagos ni defraudadores" sino personas "capaces y válidos" que quieren un empleo "y no un subsidio con el que malvivimos y malviven nuestros hijos".

Un tema, el de los hijos, que afecta profundamente a personas como Rosa, Manuel, Trini o Fátima, a quienes sus hijos les preguntan "por qué somos pobres, por qué no encontramos trabajo" y "si siempre va a ser así", lo que les causa "miedo" al futuro y temor por cómo puede influir esta situación en sus vástagos.




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