Absuelto el gerente de una contratista de las obras del tranvía juzgado por falsedad

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto al gerente de la empresa Construcción Obras Públicas 2001, domiciliada en la localidad de Corella (Navarra), tanto del delito contra los derechos de los trabajadores como el de falsificación de documentos mercantiles que le atribuía la Fiscalía y la UTE FCC-Acciona. La primera acusación pedía siete años y medio de prisión y la segunda, dos.

Pero los magistrados de la Sección Tercera consideran que no hay ninguna prueba de que el acusado, Juan Carlos V. R., participara de alguna manera en la falsificación de los documentos que la Policía Nacional intervino a once inmigrantes brasileños que trabajaban en las obras del tranvía con identidades portuguesas. Tampoco estiman que haya quedado acreditado que Juan Carlos V. R. tuviera conocimiento de que esas documentaciones fueran falsas ni que les cobrara cantidad alguna en concepto de tributo por darles faena, ni que les explotara con "condiciones penosas de trabajo". Por todo ello y como solicitó su abogado, Javier Notivoli, deciden absolverlo de los dos delitos. Asimismo, eximen de responsabilidad civil a su empresa, Construcciones Obras Públicas 2001, defendida por la letrada María José Chinchilla.

La Operación Coco

De esta manera se cierra la que fue bautizada por la Policía como Operación Coco y que dio origen a la detención de 17 personas y a la imputación de dos más. Once fueron inmigrantes y el resto, empleados de la constructora. Además de los delitos mencionados, el juzgado llegó a investigar si certificaban a la UTE más horas de las trabajadas. Nada de todo ello ha quedado probado, a juicio de la Audiencia de Zaragoza.

De la sentencia se desprende que el único que podría tener alguna responsabilidad es el también acusado Leandro A. G., pero esta persona se encuentra en paradero desconocido y declarado en rebeldía. De hecho, los testigos dijeron que era a Leandro A. a quien entregaban una cantidad mensual y que este les decía que era para Juan Carlos V. R. "Pero no hay prueba que advere que el acusado recibiera dinero de los trabajadores contratados", dice el fallo.

Los magistrados ponen en entredicho las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del caso -que se inició con la detención en un control de cuatro inmigrantes con documentos falsos- y reiteran que no pueden ser tenidas en cuenta salvo como medio de la investigación policial y esta debe concretarse en pruebas. Además, argumentan que, respecto a la acusación del delito contra los derechos de los trabajadores, no hay evidencias de que Juan Carlos V. R. pusiera en concreto peligro la vida de los trabajadores brasileños. Recuerdan que el inspector de trabajo que hizo una visita a la obra no levantó ningún expediente ni impuso ninguna sanción por infracción a la normativa laboral.

En esta causa, los únicos que han sido condenados fueron cuatro inmigrantes, a quienes se impusieron penas de seis meses de prisión por falsedad documental. Siete no acudieron al juicio.