El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, para continuar con los programas de gestión de mediación hipotecaria que ya existen con el consistorio de la capital aragonesa, a los que se añade el desarrollo del programa de alquiler social.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo autonómico ha aprobado un gasto plurianual de más de un millón de euros para todos los programas.

Con esta partida se financiará el asesoramiento y mediación en deuda hipotecaria y la gestión en el municipio de Zaragoza del programa de alquiler social, que incluye la aportación de viviendas a la red y también la colaboración en el marco del acuerdo firmado entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

En virtud de este último, se proporcionarán viviendas a las personas desahuciadas, tanto por ejecución hipotecaria como por falta de pago, y para aquellos que hayan dejado de pagar sus recibos de alquiler al propietario de su domicilio habitual.

En el caso del Programa de Alquiler Social, el convenio tendrá vigencia hasta diciembre de 2017.

En él, se establece que el consistorio de la capital aragonesa, a través Zaragoza Vivienda, asume la gestión de los inmuebles que le sean asignados por la dirección general de Vivienda y Rehabilitación y se encuentren en su término municipal.

Asimismo, se incorporarán a esta bolsa un mínimo de 50 viviendas, aportadas por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, con independencia de que puedan incorporarse más procedentes de otras fuentes.Compromisos del consistorio

El acuerdo contempla como compromisos del consistorio el asesoramiento al titular de la vivienda para cumplimentar la solicitud de inclusión en la Red de Bolsas de Viviendas para el alquiler social de Aragón, y suscribir, en su caso, el correspondiente contrato de arrendamiento con los beneficiarios, así como asesorar y proporcionar información a los posibles candidatos.

También se recoge la obligación de la asignación de las viviendas disponibles en la bolsa a los solicitantes; la contratación y abono de las pólizas de seguros correspondientes; y la tramitación y abono de las fianzas arrendaticias, así como los recibos de la comunidad de propietarios.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos; gestionará las reparaciones necesarias en las viviendas y prestará asesoramiento en relación con las incidencias que suscite la relación arrendaticia, además de tramitar el cobro de las rentas a los inquilinos y el correspondiente pago de las mismas a los propietarios, entre otras cosas.Renovación

El acuerdo aprobado este martes también recoge la renovación del programa en el que ya se colaboraba, de asesoramiento y mediación hipotecaria, hasta diciembre de 2015.

En este caso, Zaragoza Vivienda se compromete a la gestión de la oficina administrativa habilitada al efecto y de la dotación de los medios necesarios para facilitar al ciudadano el acceso a todos los programas.

Además, se encargará de gestionar el programa de asesoramiento y mediación en deuda realizando el diseño de intervención con las familias afectadas, que incluirá información, orientación, valoración de la situación socioeconómica y asesoramiento, elaborando un plan de viabilidad y coordinando el desarrollo de una mediación especializada en caso necesario.

Igualmente, colaborará con el Colegio de Abogados de Zaragoza como instrumento de asesoramiento y mediación con las entidades bancarias de una forma profesionalizada.

El objetivo es ofrecerles información, apoyo y asesoramiento, así como efectuar las medidas de intermediación posibles que mejoren su situación y faciliten la permanencia en su vivienda o alternativas de alojamiento accesibles a su situación.

De esta forma, el Gobierno de Aragón "quiere proporcionar alquileres económicos" y "atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos en riesgo de desahucio con una mediación profesional y con recursos a su alcance".