El PSOE urge una reforma constitucional frente al "inmovilismo" o la "ruptura"

Frente al "inmovilismo" del PP o "la ruptura" que plantea Podemos con el pacto constitucional de 1978, el PSOE se erigió ayer en Zaragoza como el garante de la solución al desafío

independentista catalán y a la "encrucijada" que vive España mediante una reforma de la Constitución. Los socialistas celebraron ayer su Consejo Político Federal, un órgano territorial que aglutina a los barones regionales y que preside la andaluza Susana Díaz.

Aunque no avanzó mucho sobre la reforma que plantean (fue motivo de discusión del encuentro si se profundizaba o no), el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rechazó que se trate de un nuevo proceso constituyente y aclaró que pretende "progresar, avanzar, renovar, para modificar y transformar todas aquellas cuestiones que no funcionen". De hecho, defendió el pacto constitucional del 78 y "los enormes éxitos" alcanzados por la sociedad española durante estos 36 años en contraposición a Podemos, que promete "acabar" con el régimen de la Transición.

Sánchez propuso esta reforma constitucional como una tercera vía en la crisis con Cataluña, frente al "bloqueo" y "silencio" de Rajoy, que "engrosa" las posibilidades de que se eleve el independentismo, y al "frentismo" de Artur Mas. "El PSOE es el único que ha puesto encima de la mesa una propuesta de convivencia, de concordia", aseguró el líder socialista, que cargó contra Rajoy, del que dijo "no da señales de vida inteligente políticamente". También fio a esta reforma la regeneración de la vida política y aprovechó para señalar como "el problema" del PP a sus dirigentes, que "han convivido estructuralmente con la financiación irregular y la corrupción".

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por su parte, apeló reiteradamente al consenso y a la "altura de miras" frente a la "indolencia" del presidente Rajoy, del que censuró su "falta de liderazgo" para resolver el problema catalán. En su discurso, en el Consejo Federal, Díaz instó a reconocer la pluralidad y la diversidad. "Todos sumamos, aportamos y somos necesarios en un momento como este", animó. Y fue más allá al considerar "letra muerta" el título octavo de la Constitución, el que regula la organización territorial. Apostó por un modelo federal para "dar salida a las necesidades de las comunidades" y, al contrario que Sánchez, advirtió de que se debe hacer "sin prisa". Pero alertó: "No tengamos la tentación de querer atajar, ir por el camino rápido para encajar el problema urgente que tenemos en Cataluña y eso aborte la salida federal que todos necesitamos". Y marcó dos líneas rojas de la reforma constitucional: la soberanía nacional y la igualdad territorial.

Aragón, factor de acercamiento

En esta línea, el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, negó que la solución a Cataluña pueda generar desequilibrios territoriales y situó a la Comunidad como "factor de acercamiento", para "ir poco a poco deshaciendo litigios y poder sentar las bases para un acuerdo que permita otra vez volver a convivir pacíficamente a catalanes con el resto de los españoles". Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, abogó por el diálogo ante la situación "insostenible" de Cataluña.

Del encuentro salió la Declaración de Zaragoza (da continuidad a su hómologa de Granada en 2012) que abunda en una reforma constitucional -sin concretar fechas- que blinde derechos como la salud y la seguridad social o la igualdad de trato; que "modernice la democracia" con medidas como la reducción de aforamientos o de indultos por causas políticas, y transforme la España autonómica en la España federal para "resolver las disfunciones del Estado de las autonomías".

Además, propone crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión Constitucional del Congreso para "delimitar" los aspectos de la reforma mediante la comparecencia de expertos y la petición de informes a las comunidades e impulsar iniciativas de regeneración y "limpieza" de la democracia.

El tercer punto acordado urge a Rajoy a convocar la Conferencia de Presidentes para alcanzar un pacto para reactivar la economía y el empleo, renovar el sistema de financiación autonómica (el Gobierno ya lo ha descartado) e impulsar medidas de regeneración democrática en todas las instituciones.