El informe definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza del año 2011 no estará listo antes del sábado, pese a lo que anunció su presidente, Antonio Laguarta. El retraso, que podría prolongarse hasta final de año, obedece, según fuentes del organismo, a la acumulación de trabajo, pero coincide con el envío de documentación fuera de plazo por parte del Consistorio sobre los asuntos objeto de fiscalización. Hay que recordar que el informe provisional detectó un agujero contable de 355 millones de euros, concluyó que las cuentas municipales no reflejaban la "imagen fiel" de la situación económica municipal y subrayó diversas irregularidades.

Según fuentes consultadas, el Ayuntamiento ha presentado nueva documentación fuera de plazo (el periodo de alegaciones concluyó a finales de junio). Después de que Laguarta anunciara el día 3 de noviembre que en la primera quincena de este mes estaría listo el informe definitivo, el Consistorio tramitó en un tiempo récord y por decreto una modificación presupuestaria para reconocer desde el punto de vista contable 11,6 millones de euros vinculados a una de las fases de la construcción del corredor Oliver Valdefierro, uno de los asuntos en los que la Cámara de Cuentas había detectado irregularidades.

El acuerdo trataba de cumplir con la exigencia legal de que la contabilidad municipal reflejase el ingreso por parte de la junta de compensación de Arcosur, así como el pago a la UTE contratista de los trabajos. Es preciso recordar que esa obra se financiaba con cargo a los aprovechamientos del Ayuntamiento en Arcosur y que el gobierno local autorizó a los promotores de la urbanización del sur de la ciudad a abonar los costes de forma directa, sin transferir los fondos al Ayuntamiento para que se encargara del pago.

Formalización contable

Pero esta "formalización contable" no se ha quedado solo en la burocracia municipal. El propio Ayuntamiento remitió a la Cámara, con fecha 7 de noviembre, el expediente de modificación de créditos, que pretendía replicar uno de los apartados del informe provisional, pese a que el plazo de alegaciones concluyó hace más de cuatro meses.

El reglamento de la Cámara de Cuentas no establece ningún tipo de posibilidad de que las administraciones fiscalizadas puedan hacer nuevas alegaciones fuera de plazo. Explicita que existe un periodo de un mes para responder al informe provisional, plazo que se puede prorrogar (en el caso del Ayuntamiento fueron dos meses). El reglamento añade que sobre el informe provisional y las alegaciones presentadas se elabora el informe definitivo. Recuerda que si no hay alegaciones, el informe provisional deviene en definitivo.

Fuentes de la Cámara de Cuentas confirmaron que se ha recibido información del Ayuntamiento referida al corredor verde, aunque indicaron que no podrá ser tenida en cuenta por estar el informe definitivo prácticamente concluido y llegar fuera de plazo. Eso sí, admitieron que después del trámite de alegaciones la Cámara ha solicitado al Consistorio datos complementarios para elaborar el informe y subrayaron que el reglamento "no lo prohíbe". "Si por iniciativa del Ayuntamiento se hubiera presentado un dato relevante lo tendríamos en cuenta. Lo que no abrimos son nuevas investigaciones ni demoramos nuestro trabajo", indicaron.

Las fuentes de la Cámara negaron presiones y desvincularon el retraso que arrastra el informe definitivo con la documentación presentada por el Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que si el informe definitivo se hubiera hecho público esta semana, como estaba previsto, la discusión sobre sus conclusiones se habría producido en las vísperas del debate sobre el estado de la ciudad, previsto para el 4 y 5 de diciembre.

La Cámara aclaró que su fiscalización se está retrasando por la propia carga de trabajo, dado que en estos momentos está en marcha el informe de la cuenta general de la DGA de los años 2012 y 2013, que debe estar listo antes del 31 de enero. Indicaron que, además del informe del Ayuntamiento, están pendientes de resolver alegaciones de la fiscalización de la Universidad y de los municipios de más de 8.000 habitantes. Este diario intentó ayer ponerse en contacto con el concejal de Economía, Fernando Gimeno, para que aclarara este asunto, pero no fue posible.