La ley para expropiar los bienes sacros y archivos expoliados podría incurrir en inconstitucionalidad

Juristas y la Asociación de la Función Pública dudan de que Aragón pueda legislar sobre esta materia.

La ley de actualización de los derechos históricos de Aragón que PP y PAR pretenden sacar adelante antes de acabe la legislatura, y que abre la posibilidad de expropiar los bienes y archivos que integran el patrimonio histórico-cultural de la Comunidad y que hayan salido sin título válido de propiedad, podría ser inconstitucional. Así lo entienden algunos juristas y también la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, si bien otros expertos defienden el texto como una fórmula válida para recuperar, entre otras, las obras de arte sacro que retiene Cataluña. El plazo de presentación de enmiendas concluyó ayer con la presentación de más de 70 solicitudes de modificaciones de la oposición, una de ellas, de CHA, a la totalidad.


"Toda la legislación expropiatoria (artículo 149, 1º, 18ª de la Constitución) es una competencia del Estado y no de las comunidades", sostiene un abogado que ha seguido de cerca el litigio del patrimonio. Por ello, advierte de que el Gobierno central podría impugnar la disposición referida a esta materia que recoge el texto propuesto por populares y aragonesistas.


No obstante, otros expertos entienden que la alusión expresa al conjunto de bienes que cumplen los citados requisitos permitiría disipar las dudas sobre su constitucionalidad y hacer que prosperara.


Tampoco la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa lo ve claro. A finales de septiembre, se dirigió a la presidenta Rudi para exponerle sus reparos a la norma. Entre otros aspectos, califica de "absurda" la intención de "ejercer la potestad expropiatoria sobre bienes situados fuera de Aragón, desconociendo la eficacia territorial de las leyes autonómicas".

El colectivo de funcionarios considera que esta propuesta debería verse respaldada por los servicios jurídicos de la DGA y por el Consejo Consultivo. La vía escogida, a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Consejo de Gobierno, marca la diferencia. En el caso de las normas que se tramitan de esta última forma, el proyecto incorpora ya los preceptivos informes jurídicos y del Consejo Consultivo, así como una memoria económica. Pero cuando se trata de proposiciones de ley, no hay informe, salvo petición expresa.


Tanto IU como CHA contemplan en sus enmiendas la expropiación como fórmula para recuperar bienes y archivos históricos, e incluso el primer grupo abre la puerta a que puedan hacerlo, "en el ámbito de sus competencias, las entidades locales con potestad expropiatoria". IU solicita además incluir en la ley documentos y bienes incautados en la Guerra Civil, restos arquitectónicos y arqueológicos, el patrimonio natural y las lenguas aragonesa y catalana.


Adolfo Barrena, representante de IU en la ponencia que estudia la propuesta, critica "el clamoroso olvido" sobre los papeles de Salamanca, cuya devolución piden igualmente CHA y PSOE que se incluya en la ley. Estos dos grupos coinciden además en reclamar una referencia expresa a la recuperación del Vidal Mayor, así como en resaltar la importancia del patrimonio lingüístico y su difusión.