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Ministerio de Hacienda

PP y PAR ampliarán la bonificación en el impuesto de Sucesiones, pero no lo suprimirán

Los socios incumplirán su compromiso
de gobierno forzados por la necesidad de seguir recaudando y cuadrar las cuentas.
Valoran cuánto bajar el IRPF para no mermar en exceso los ingresos 

R. Goyeneche 29/10/2014 a las 06:00
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El consejero de Hacienda, Javier Campoy, esta semana en el pleno de las Cortes.Guillermo Mestre

Los socios de gobierno en el Pignatelli asumen ya que no podrán cumplir uno de los acuerdos suscritos en el pacto de gobernabilidad, la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones. El delicado estado de las arcas autonómicas, con el déficit a punto de superar por segundo año consecutivo el límite fijado por el Ministerio de Hacienda, y la necesidad de seguir recaudando para equilibrar las cuentas impedirán a la coalición PP-PAR llevar a buen término uno de sus compromisos. Populares y aragonesistas se verán obligados en 2015 a mantener el tributo, que grava el incremento de patrimonio producido cuando se recibe una herencia, si bien seguirán ampliando la exención, que actualmente se encuentra en el 50%.

La consejería de Hacienda, que ultima los presupuestos y la ley de medidas fiscales, lleva días trabajando en diferentes proyecciones y calculando distintos escenarios en busca del equilibrio que le permita vender públicamente una medida positiva en año preelectoral, pero que no merme en exceso los ingresos de las maltrechas arcas autonómicas. 

Y lo mismo sucede con la anunciada bajada en el tramo autonómico del IRPF y las nuevas ventajas fiscales comprometidas por la presidenta Rudi en el debate del estado de la Comunidad, como la deducción por gastos de guardería. Esta cuadratura del círculo está complicando más de lo previsto el cierre de unas cuentas que están perfilando directamente la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Hacienda, Javier Campoy, con el líder del PAR, José Ángel Biel. La previsión es que estén listas a más tardar en diez días. 

Si bien la negociación entre los socios no está deparando este año problemas como los que tensaron al máximo en 2013 las relaciones entre populares y aragonesistas, la dificultad de cuadrar los ingresos, una vez comprometido que no habrá subida de impuestos para no gripar aún más la economía y que se seguirá avanzando en nuevos beneficios fiscales para favorecer el consumo y el ahorro, está demorando la presentación del proyecto de ley. 

El PAR es consciente de la dificultad y, aunque la supresión del impuesto de Sucesiones era su bandera, no planteará problemas en este sentido. De hecho, y aunque los primeros estudios apuntaban a una exención en torno al 70-75% para los contribuyentes, podría acabar siendo incluso más prudente dada la necesidad imperiosa de mantener la recaudación en un contexto cada vez más complicado. Precisamente, el de Sucesiones y Donaciones es de los pocos impuestos que siguen tirando de los ingresos autonómicos. En los presupuestos de este año, la DGAcontempló unas previsiones de recaudación por este concepto de 171 millones de euros, 20 más que en el ejercicio anterior. Y eso que se había decidido subir la bonificación del 33% al 50%. 

El motivo estaba fundamentalmente en el refuerzo de la labor inspectora, que ha permitido ir aumentando poco a poco la recaudación. De hecho, según los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Hacienda, en agosto se habían ingresado ya 117 millones, esto es, un 68,47% de lo previsto para todo el año. Las cifras suponen además un incremento del 20% con respecto a lo obtenido en los ocho primeros meses del año anterior. Ante estas cifras, el Ejecutivo no está dispuesto a eliminar esta ‘gasolina’ que tan bien viene a la caja autonómica. 

Al mismo tiempo, Hacienda continúa valorando en qué medida bajar el tramo autonómico del IRPF, en consonancia con la reforma fiscal anunciada a nivel nacional, y cómo encajar nuevas deducciones en la renta, como los gastos de guardería para familias con niños menores de tres años. Con la bajada del impuesto de la renta, la primera que se aprobará en la Comunidad tras veinte años de capacidad normativa, el Ejecutivo busca reactivar el consumo.

Estas bonificaciones se sumarán a las que ha ido aprobando la coalición de gobierno desde 2011, entre ellas, desgravaciones por libros de texto y material escolar, alquiler social, seguros de salud, y para pensionistas y nacimientos en pequeños municipios.
 







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