Más de 200 millones de euros de sobrecoste global en la urbanización de Plaza y en otras actuaciones adjudicadas por la sociedad pública. Esta es la cifra que dio ayer el actual gerente de la plataforma, Jesús Andreu, quien en una comparecencia de cuatro horas ante la comisión de investigación de las Cortes desveló que las irregularidades en la primera fase de construcción de Plaza ascienden ya a más de 47 millones y eso que aún no ha concluido el nuevo informe pericial encargado y falta por investigar la ejecución del parque lineal. Para llegar al cómputo global, incluyó también los sobreprecios pagados en los edificios y naves encargadas a Agapito Iglesias, que igualmente han acabado en los tribunales. 

Con sus cálculos, solo en la urbanización de la plataforma, adjudicada en ocho contratos consecutivos a la UTE Acciona-MLN a lo largo de una década, el sobreprecio pagado superaría los 151 millones (a los 104 ya sabidos en la segunda fase se añaden ahora otros 47 en la primera). El importe casi iguala al de la licitación de las obras, que se liquidaron finalmente en cerca de 400 millones.

Andreu protagonizó la última sesión de la comisión parlamentaria, por la que pasaron diez técnicos y de cuyas intervenciones se obtienen las mismas conclusiones que en las comparecencias anteriores: había controles suficientes en Plaza, pero la acción coordinada de varios técnicos para burlarlos y la "mala gestión" provocó una presunta malversación de proporciones millonarias.

El más claro y rotundo, además de extenso, fue el gerente de Plaza, cuya comparecencia estuvo a la altura de la expectación generada. Explicó que acudió en julio de 2013 a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar irregularidades en las obras, de las que puso al corriente antes al consejero de Obras Públicas y presidente de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, porque así se lo recomendaron los servicios jurídicos de la DGA. Ante la insistencia del PSOE, remarcó que fue a la Fiscalía a preguntar dónde debía denunciar y finalmente firmó el acta de comparecencia a título personal porque la mera consulta ya constituía una denuncia que se iba a investigar de igual modo.

Como han hecho el resto de los 70 comparecientes que han pasado por la comisión, Andreu hizo hincapié en que los controles era suficientes y aún llegó más lejos al añadir que las "normas y hasta el presidente de Plaza" eran compartidos con Suelo y Vivienda, cuya gestión durante la etapa socialista puso de ejemplo de "profesionalidad". Con esta comparación quiso concluir que lo que falló en Plaza fue la gestión. "Es una problema de personas y de aplicación de la normativa", dijo antes de reconocer que no ha cambiado ni creado ningún mecanismo de control. "En teoría, sí funcionaron", dijo antes de recordar que la Intervención de la DGA no fiscalizó a la sociedad pública entre 2007 y 2010.

El gerente de Plaza reconoció al exconsejero de Obras Públicas Alfonso Vicente por haber intentado "reconducir" la situación con la renegociación de los "altos precios" que se pagaron por las obras a la UTE Acciona-MLN, a lo que agregó que no era "razonable" que las mismas se llevaran todos los contratos de la urbanización.

Andreu achacó la "corrupción" en la plataforma a los técnicos implicados en la urbanización, sin dar nombres. Eso sí, explicó que la UTE asumió facturas de reformas en casas particulares (en clara referencia a los inmuebles del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y su familia, como ha salido a relucir en los juzgados) para luego colar sobreprecios en la obra. "Hay pagos directos a particulares para hacer sobrecostes", subrayó.

Todos los costes de las citadas reformas de pisos se computaron como movimientos de tierra de un falso saneamiento en la plataforma, detectado en un informe geotécnico solicitado por la sociedad pública gracias a las pistas del codenunciante del caso Plaza, el empleado de Acciona Chabier Mayayo.

El gerente aún fue más lejos y responsabilizó al consejo de administración de la sociedad pública y a las propias Cortes de Aragón. "Creo que es obvio. Las cosas no funcionan mal por un solo eslabón. Hay responsabilidades generalizadas", sentenció.Dejación de funciones

El máximo responsable de la gestión de Plaza llegó a acusar a los consejeros de la sociedad pública durante la anterior etapa de una auténtica dejación de funciones en el control de la gestión. Así, achacó al "éxito inicial" de la plataforma que se "perdiera el control" y los consejeros no llegaran a estar "atentos" al entender que la sociedad era "capaz de sobrepasar cualquier tormenta".

Pese a los intentos del portavoz socialista, Javier Sada, de enjuiciar la gestión del gerente, especialmente las escasas ventas y la fuga de Amazon, Andreu no entró en el juego, incidió en que la crisis afecta a todos los polígonos y se comprometió a remitir los datos sobre ventas a la comisión. No obstante, destacó que si la sociedad no ha quebrado es por las aportaciones del Gobierno y que sus deudas millonarias no existirían si no se hubieran registrado las irregularidades denunciadas.