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Aragón

Alertan del "riesgo" que corren los niños tutelados por los recortes de la DGA

Los educadores del COA denuncian que las nuevas condiciones del servicio les dejan "sin medios" para atender a los menores

L. Cotera 24/10/2014 a las 06:00
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Un momento de la protesta frente a la sede de Servicios Sociales.G. Mestre

Los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Aragón, el primer destino de los niños aragoneses de entre 6 y 18 años víctimas de maltratos, abandono, abuso sexual, desamparo, enfermedad mental o trastornos de conducta graves, que incluso les llevan a ser muy agresivos, salieron ayer a la calle para denunciar que, si las cosas no cambian, no serán capaces de garantizar la seguridad de los niños que tienen a su cargo (24 actualmente, la mayoría tutelados por la DGA).

Este colectivo lleva desde 2010 denunciando sus "enormes dificultades" debido a la escasez de personal y de medios. Pero la gota que ha colmado el vaso es que la gestión del centro ha salido a concurso (lo hace cada cuatro años) y las nuevas condiciones son, a su juicio, "extremadamente precarias e incompatibles con la educación y el cuidado de los menores" que, según explican, quedan "en una situación de riesgo". 

El pasado 3 de octubre se publicaron en el BOA las bases del concurso, que sale por un importe de 3.326.000 euros para el primer año. La cantidad, a priori, es un 2% mayor, pero resulta ser mucho más pequeña si se tiene en cuenta que en otras convocatorias este dinero debía usarse solo para las labores educativas, y ahora tiene que servir para cubrirlo todo: alimentación, dentistas de los niños, incidencias (por ejemplo que se les rompan las gafas), libros, etc. Además, y según explican, su "ya escasa plantilla" es de 26 educadores de atención contínua (7 en el turno de mañana, 6 en el de tarde y 4 en el de noche); que deberían verse reducidos en 4 o 5, algo que califican como "insostenible". 

Deterioro de las condiciones

Este recurso pertenece al Sistema de Protección de Menores. Alertan, además, de que con estas condiciones "las necesidades de los niños dependerán de las prioridades de la empresa concesionaria". Por otra parte, varios trabajadores perderán su trabajo o verán cómo se deterioran sus condiciones laborales. 

Uno de los portavoces, Javier Itxaso, explicó que ya enviaron una carta formal de queja mediante registro, y que han pedido una reunión formal con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) pero no han tenido respuesta. 

El colectivo exige una paralización del concurso, un aumento de la partida presupuestaria y del número de educadores, que los gastos derivados de los niños sean asumidos por las autoridades y que el Gobierno de Aragón cumpla con la legislación vigente. 








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