La mitad de los profesores de cada grado universitario -antiguas licenciaturas y diplomaturas- deberá tener un doctorado. Así reza uno de los puntos claves del proyecto de real decreto de creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios elaborado por el Ministerio de Educación.

Según apuntan fuentes de la Universidad, los grados que se imparten en los diferentes centros tienen en estos momentos un 88,1% de doctores entre el profesorado permanente (es decir, aquellos docentes con contrato de trabajo indefinido). El porcentaje es algo inferior en el ámbito de los profesores no permanentes, donde se cifra en un 45,1% los que han superado con éxito un programa de doctorado. 

A principios de este año, el campus público aragonés contaba con 3.382 profesores distribuidos en once categorías profesionales. En cinco de ellas (que aglutinan a 1.390 profesionales) no se exige el doctorado para ejercer la docencia, mientras que los 1.992 sí precisan del título para ser, por ejemplo, catedrático o profesor titular. 

Esto supone que al menos el 59% de los profesores de la Universidad de Zaragoza tienen la obligación de ser doctores. A pesar de ello, el campus deberá revisar caso por caso cada uno de los cuadros de profesores. 

Desde el campus se insiste en que, a pesar de lo que pueda parecer, muchos grados de creación reciente en los que resulta complicado completar el cuadro docente antes de principio de curso no tendrían mayores problemas para cumplir con la norma. En el caso, por ejemplo, de Periodismo, una de las últimas carreras en aterrizar en la universidad, el porcentaje de doctores alcanza el 73%.

Además, la futura norma obligará a las universidades a que el 70% de los profesores que den clases para un título de máster sean doctores en la materia que impartan y a que el porcentaje alcance el 100% entre el profesorado de los programas de doctorado.

Un escollo para los profesores asociados

El profesorado observa con recelo la norma. "En el caso de los profesores asociados a tiempo parcial, la normativa vigente exige ser especialista de reconocida competencia y acreditar que se ejerce actividad profesional en el área de conocimiento de la plaza convocada y fuera del ámbito académico, sin necesidad de estar en posesión del título de doctor, por lo que aumentar de manera obligatoria el porcentaje de profesores doctores puede tener consecuencias en la calidad de las enseñanzas, sobre todo, por lo que respecta al aprendizaje práctico y la necesaria conexión de la Universidad con el mundo laboral", lamentan desde el Sector Universidad de CSIF Aragón.

"Si además tenemos en cuenta la vigente limitación de la tasa de reposición en el ámbito de las administraciones públicas, esta exigencia puede constituir un serio escollo para las universidades y la continuidad de las enseñanzas, ya que una gran parte de las necesidades docentes sólo pueden ser cubiertas por profesorado asociado a tiempo parcial", añaden.

Sin embargo, la reforma sí podría favorecer la carrera profesional a largo de plazo de otros docentes: "El impacto del nuevo proyecto en el profesorado universitario a tiempo completo de las universidades públicas es limitado, toda vez que para la estabilización del personal docente es requisito imprescindible tener la condición de doctor", apuntan estas mismas fuentes.