El laberinto de las prestaciones

En el momento en el que una persona recibe la noticia de que termina su relación laboral con la empresa, empieza la búsqueda de empleo y la primera acción es acudir a la oficina del INAEM. En el caso de que haya cotizado durante más de 360 días y no los haya gastado tiene derecho a la prestación por desempleo. En esta situación, según el tiempo trabajado se pueden llegar a acumular un máximo de 720 días, cuya remuneración depende del salario con el que se estaba cotizando.

Si por el contrario no se ha llegado a ese mínimo, existe la opción de cobrar un subsidio por desempleo, que tiene una cuantía de 426 euros. Su duración estará determinada por las cotizaciones realizadas y la existencia de obligaciones familiar. 

Además, existen otros subsidios con diferentes variantes dependiendo de la situación en la que se encuentre el demandante. Sin embargo, todas tienen en común un aspecto: no se pueden tener rentas mensuales superiores a los 483,98 euros al mes.En este caso la cuantía es de 426 euros al mes.

Los beneficiarios pueden ser personas con diferentes perfiles: subsidio por insuficiencia de cotización, para personas con responsabilidades familiares, mayores de 45 años sin responsabilidades familiares, mayores de 55 hasta la primera edad de jubilación posible, emigrantes retornados (procedentes de países que no tienen convenio bilateral de desempleo con España o de fuera del Espacio Económico Europeo), liberados de prisión y por revisión de una incapacidad.

Una vez terminados todos los subsidios a los que se puede acceder, entran en acción las ayudas extraordinarias. En este campo desde el Ministerio de Empleo han elaborado el plan Prepara y la Renta Activa de Inserción (RAI). La primera ofrece la posibilidad de acceder a una cantidad del 75% del IPREM (400 euros) y se puede incrementar al 85% cuando tengan tres o más personas a su cargo.

En este caso, la duración está clara: seis meses como máximo y solo se puede percibir una vez. Además, se mantendrá mientras que el paro supere el 20% de los españoles, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Por otro lado, se encuentra la RAI, que pretende mejorar la situación de aquellos colectivos que tienen especiales dificultades. En su caso va dirigida a parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados, españoles retornados del extranjero también mayores de 45 o víctimas de violencia de género o doméstica.

En este caso la cuantía vuelve a ser de 426 euros y se puede disfrutar durante 11 meses. Una vez que se termina tienen que esperar un año más hasta volverla a pedir, así hasta en tres ocasiones; aunque esto no ocurre ni con los discapacitados ni con las víctimas de violencia de género o doméstica. 

Otras opciones para los aragoneses

Para evitar problemas de exclusión social, la DGA ha elaborado el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que gestiona a través de los servicios sociales. En la actualidad se está aprobando una nueva ley que lo regulará, puesto que este verano había más de 1.000 personas pendientes de cobrar esta ayuda, con un plazo de espera de unos 9 meses. “Es una pena porque la gente pide el IAI cuando ya se encuentran en una situación de desamparo, no con vistas a que dentro de unos meses no van a tener ningún ingreso, por lo que estos retrasos solo provocan que puedan perder sus casas y que su situación sea mucho más difícil de solventar”, destaca Juan Carlos Cantín, secretario de Empleo y Formación de CC.OO. Aragón. Tiene una partida fijada por los Presupuestos Generales de Aragón, que durante este 2014 has sido de 441 euros al mes.

En el plano local, los municipios crean varias ayudas, en concreto, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el de Huesca y Teruel cuentan con las de Urgencia y Necesidad, “cuya cuantía también depende de los presupuestos del municipio”, señala Cantín. Con ellas se pretende resolver situaciones de emergencia y son fundamentales para mantener a muchas familias aragonesas, de hecho, en el caso de Zaragoza se duplicaron las concedidas en un año, llegando a más de 27.000. Las principales necesidades que se cubren son alimentación y vivienda, aunque también se utilizan para problemas de salud, educación o transporte urbano.

Otras existentes son las de Integración Familiar, que buscan auxiliar a las familias con menores a su cargo, evitando su internamiento en centros especializados o la adopción de medidas externas de protección. Con asistencia puntual u otras más duraderas se intenta mejorar la situación económica para que el menor pueda seguir viviendo en casa.

Dos nuevas ayudas para los más desfavorecidos

Desde que en julio se reunieran los agentes sociales con el Ministerio de Empleo, se está intentando buscar otras opciones para aquellos que se encuentran más desamparados. En este caso los nuevos subsidios tendrán dos claros objetivos: familias sin ingresos y parados mayores de 45 años.

La primera opción está todavía materializándose a través de varias reuniones entre los colectivos sociales y el Gobierno, pero se espera que a finales de mes se llegue a un acuerdo. En el caso del segundo están unidas al cumplimiento de cursos de formación o cualificación profesional y los sindicatos pretenden que tenga una duración de un año.