La nueva reordenación de frecuencias de televisión que ha puesto en marcha el Gobierno central tiene visos de convertirse en un sprint por llegar a tiempo a la meta, fijada para el próximo 1 de enero. El proceso consiste en la migración de las televisiones de su espacio actual (800Mhz), para dejar ese hueco libre a las operadoras de telefonía de 4G.

O lo que es lo mismo: toca llamar -de nuevo- al antenista. Como consecuencia de esta modificación, miles de comunidades de vecinos deben adaptar sus instalaciones colectivas si no quieren que sus televisores se queden mudos a partir de Año Nuevo. El problema, pese a que se conocía desde hace años de su necesidad, es que este proceso no se ha puesto en marcha hasta la fecha.

De hecho, hasta el próximo 26 de octubre, cuando se comience a emitir en pruebas a través de las nuevas frecuencias, poco se puede hacer. “No tiene sentido empezar antes porque no se podrían probar los aparatos y habría que volver otra vez”, explica Luis Teller, responsable de Promodis Telecom, ubicada en Zaragoza.

A su juicio, el Ministerio de Industria ha apurado los plazos: “Sabemos que hay que hacerlo desde hace casi cuatro años, y ahora tenemos menos de tres meses”, lamenta. Además, el problema no solo radica en una posible falta de instaladores, sino en el propio material. “Los fabricantes ya están avisando de que posiblemente les falte stock para la cantidad de pedidos” que se van a realizar.

Según estimaciones del Gobierno, el proceso afectará a 26 millones de españoles, repartidos en un millón de edificios (unos 13 millones de viviendas), lo que anuncia el enorme despliegue que hará falta para completar la resintonización con éxito. Los hogares que no lleguen a tiempo, no podrán ver la oferta completa de canales de televisión. En Aragón todavía no se ha cuantificado el número de afectados, pero “serán miles”, como confirma Miguel Ruíz, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón.

Igualmente coincide con los instaladores aragoneses, con quienes están en contacto estos días, en que “se ha dado poco plazo” para adaptarse al nuevo esquema de frecuencias, y esperan que en breve les resuelvan las dudas que todavía siguen por despejar. “Después del Pilar vendrán expertos de Madrid a una jornada pagada por el Ministerio donde nos explicarán cómo actuar”, explica Ruíz.

Subvención millonaria

El coste de llevar a cabo estos cambios correrá, inicialmente, a cargo de los ciudadanos, y según el Ministerio se ha estimado que será de 22,6 euros por hogar de media (entre 150 y 550 euros por comunidad), frente a los 42 euros del anterior plan que se hizo en 2011. Una vez llevada a cabo la nueva instalación, las comunidades de vecinos podrán solicitar la subvención habilitada por Industria, que destinará un total de 286 millones de euros con los que se pretende cubrir todas las facturas de los antenistas.

Sin embargo, “no es seguro que llegue para todos”, como explica Luis Teller. “Tendrán que pedir la ayuda rápido porque va por orden de solicitud y hasta que se acabe el dinero” de la partida presupuestaria. Además, la factura dependerá del tipo de instalación necesaria.

“De momento, está todo parado”, asegura Teller, quien confía en que con las noticias aparecidas en la prensa “la gente empiece los trámites necesarios”. Por ello, el Gobierno comenzará el 15 de octubre una campaña de publicidad en medios de comunicación.

En principio, “deberán realizar adaptaciones de sus sistemas de antena colectiva los edificios de viviendas equipados con sistemas de recepción monocanales o de centralitas programables”, explican desde el Ministerio. Este tipo de sistemas se utilizan normalmente en edificios de tamaño medio o grande.

Las viviendas unifamiliares dotadas con antena de televisión individual no tendrán que realizar adaptaciones en sus sistemas de antena al disponer de amplificadores de banda ancha capaces de recibir todos los canales de televisión.

“Las comunidades de propietarios con edificios dotados de sistemas de amplificadores de banda ancha, similares a los de las viviendas unifamiliares, tampoco deberán realizar adaptaciones. En general se trata de aquellos edificios de menor tamaño o con un reducido número de viviendas”, señalan.