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Lindano

Lobón defiende su gestión en la obra de Bailín mientras crece la tormenta política

El consejero de Medio Ambiente dice que el traslado de residuos cumplió todas las normas.
Niega que se superaran los límites pese a que la CHE 
le ha expedientado

Isabel Ara 07/10/2014 a las 06:00
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Modesto Lobón explica sobre un plano dónde se tomaron las muestras de la DGA y de la CHE.Oliver Duch

Al mismo ritmo que crecen la preocupación de los afectados y las dudas sobre lo ocurrido y sus causas, aumenta la tensión política provocada por la gestión de la crisis del lindano. Los partidos de la oposición volvieron a exigir ayer depurar responsabilidades y pidieron que comparezcan la jefa del Gobierno aragonés y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, al tiempo que plantearon acciones judiciales y la posibilidad de solicitar la creación de una comisión de investigación. Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, defendió la actuación de la DGA en el traslado del lindano al nuevo depósito de Bailín y destacó la "transparencia" de la información facilitada a los ayuntamientos.

Un día después de que el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, reconociera en las Cortes que tres de los pueblos afectados bebieron agua contaminada durante al menos un mes y medio, según dijo, por el retraso en los análisis encargados a la CHE, ayer le tocó el turno a Lobón, que respondió en el pleno a una pregunta de CHA sobre las afecciones en el río Gállego por el lindano procedente de los residuos de Inquinosa. No arrojó mucha luz. Informó de los resultados de las últimas pruebas y explicó las maniobras de desembalse de La Peña para diluir el pesticida que se están haciendo junto con la CHE, "que tiene la responsabilidad, no la DGA", aseguró.

Esta misma tesis fue la que se empeñó en sostener minutos después en una comparecencia ante los medios convocada de urgencia en el Pignatelli, con la que quiso atajar el aluvión de críticas sobre la gestión del Ejecutivo en esta crisis. Y descargó toda la responsabilidad "del problema del río" en el organismo de cuenca, después de que este anunciara el jueves la apertura de un expediente a la DGA por verter al barranco de Bailín hasta nueve veces lo permitido durante el traslado de los residuos. 

El Gobierno de Aragón reaccionó anunciando que presentará alegaciones que incluirán los resultados de los análisis que el Ejecutivo hizo en la balsa de agua depurada antes de su vertido al barranco entre mayo y septiembre, con el fin de controlar la contaminación por lindano durante la operación de traslado de los residuos del antiguo vertedero al nuevo vaso. 

Y para rebatir las acusaciones de la Confederación –presidida por Xavier de Pedro, del PAR, su socio de gobierno–, el consejero no dudó en entrar en una guerra de cifras para tratar de demostrar que "la obra se ha hecho con corrección, control y responsabilidad, y cumpliendo todas las prescripciones marcadas en la autorización ambiental integrada" concedida para los trabajos. 

Según Lobón, los datos que arrojaron los análisis efectuados en su transcurso, que la DGA hizo públicos ayer, aportan en casi todos los casos valores inferiores a los 50 microgramos por litro que autorizó verter la CHE durante el traslado. El consejero detalló que todos los flujos generados con motivo de los trabajos iban a parar a los denominados tanques de tormenta, unos depósitos donde "la contaminación era de hasta 50.000 microgramos por litro", explicó. De allí, los residuos pasaban a la depuradora y a continuación iban a parar a una balsa, donde se hacían los citados controles de la DGA en los que el límite era de 50 microgramos. Si el agua no lo superaba, se derivaba al barranco, "en bloques de 175 metros cúbicos como máximo", por bombeo, con el objetivo, continuó el titular de Medio Ambiente, de que en ese proceso no se pudiera incrementar la contaminación. 

En caso de que el contenido de la balsa tuviera más lindano del permitido, volvía a los depósitos para someterse de nuevo a depuración, como ocurrió en seis ocasiones. Lobón admitió que una vez, el 30 de julio, sí llegó al barranco agua con 61 microgramos, ya que los tanques estaban a más del 80% de su capacidad y había previsión de fuertes tormentas, por lo que si se devolvía a los depósitos de residuos había riesgo de que se desbordaran y su contenido, altamente tóxico, "se desparramará". Por ello, explicó, se decidió, "de forma responsable", proceder al vertido.

El consejero sostuvo que las mediciones de la Confederación no se tomaban a la salida de la depuradora sino en otro punto, pero lo que está claro es que los datos de unos y otros no cuadran en absoluto. El 11 de septiembre, cuando el organismo detectó una mayor afección (438 microgramos), Medio Ambiente registró 2,03. El 18 de ese mes, la CHE midió 318 y aunque no hay cifras de la DGA de ese día, el anterior hubo 15,70 y al siguiente, solo 7,12. La última incidencia que constató la CHE fue el día 24, con 225 microgramos. En esas fechas, las muestras de la DGA arrojaban entre 8 y 23 microgramos.

Y con sus resultados en la mano, Modesto Lobón afirmó "categóricamente" que "la contribución de la obra a la contaminación ha estado por debajo de los 50 microgramos". "Lo que pase con el resto, tiene que decirlo la CHE o que se investigue", apostilló.

De momento, siguen sin conocerse ni el origen de esas diferencias abismales ni el del incremento de lindano en el Gállego. En ello trabajan tanto el Gobierno aragonés como la empresa contratada para ello, por lo que se están analizando "las causas razonables y las no razonables". "Queremos saber toda la verdad porque algo tiene que haber pasado para que el río esté como está", reconoció, y recordó que también estudian con las empresas que hicieron la obra "si ha habido alguna dejación".

Insistió en que "no es un problema de salud pública". "No queremos ocultar nada, pero sí ponerlo en sus estrictos términos", señaló, y negó la mayor al decir que "no hay oscurantismo en absoluto y los ayuntamientos han estado informados en todo momento".

Tensión entre socios de gobierno

La falta de información es una de las críticas de la oposición, pero también el PAR, socio de gobierno del PP, se posicionó ayer. El diputado Joaquín Peribáñez reclamó depurar responsabilidades "que habrá que ir asumiendo" y sobre el retraso de la Confederación, en el análisis de muestras que remitió la DGA, justificó que no se especificó "ni qué tipo de analítica había que hacer ni en qué plazo". Dijo que pudo haber descoordinación, pero "no debida a la CHE sino a quien remitió las muestras", argumentó.

Todo lo contrario mantuvo el portavoz del PP en las Cortes, Antonio Torres, que reprochó al organismo de cuenca no actuó "con la celeridad debida" con los análisis. Acusó de "irresponsabilidad" al PSOE por pretender convertir este asunto "en un arma arrojadiza política". "Si ahora ha habido un problema medioambiental es porque este gobierno que ha empezado a solucionar un tema que viene de hace 40 años", destacó.
Y mientras la DGA aún trata de averiguar qué falló, CHA ampliará el lunes la denuncia que ya presentó ante la Fiscalía por un posible delito ecológico.
 







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