La DGA achaca la contaminación por lindano en el Gállego al arrastre por las tormentas

La directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, Pilar Molinero, ha afirmado este martes que todo parece indicar que los dos picos de lindano detectados en septiembre en el agua del Gállego pueden deberse al arrastre por las tormentas fuera del control de la obra de traslado de residuos del vertedero de Bailín.

También a la remoción de la contaminación histórica del fondo del río, según ha explicado en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, en la que ha insistido en que será necesario esperar al resultado de las investigaciones.

Ha explicado que entre los meses de mayo y octubre de este año, los de menos lluvias, se ha llevado a cabo, según la Autorización Ambiental Integrada, el traslado de todo el material del viejo vertedero de Inquinosa al nuevo depósito de seguridad con el fin de confinar y sellar definitivamente estos materiales y evitar más afecciones, con un coste de 5,7 millones de euros.

Molinero ha detallado que el antiguo vaso se ha desmantelado de manera completa, que se han trasladado unas 419.000 toneladas de residuo, 65.000 de lindano y el resto, tierras contaminadas, y que actualmente se está procediendo a la limpieza general del emplazamiento y al sellado provisional de la nueva celda con la previsión de que las labores concluyan en la primera quincena de este mes.

Ha insistido en que la obra se ha realizado bajo estrictas medidas de control, en que todas las mediciones se realizan de acuerdo con los procedimientos medioambientales que se aprobaron por la dirección de obra y en que todos los valores de las mediciones realizadas han estado por debajo de los límites autorizados.

Ha apuntado que la obra ha coincidido con el inicio de la superación de los valores de calidad en el agua de boca, y por tanto esa es la primera hipótesis que se investiga para determinar si ha habido alguna incendia, pero con los datos actuales la obra se ha realizado "con absoluta normalidad y según proyecto" y no se ha registrado ninguna rotura o derrame accidental.

Molinero ha señalado que ha sido el actual Gobierno el que ha asumido la "arriesgada" operación de trasladar los residuos, una labor "difícil, complicada y no exenta de riesgos", y más allá de la "lamentable" repercusión en los seis municipios en los que se ha restringido el consumo de agua de boca, permitirá a partir de ahora descontaminar todo el entorno de Bailín.

En cuanto al expediente sancionador que ha incoado la Confederación Hidrográfica del Ebro al Gobierno de Aragón al detectar un exceso de contaminación en el barranco de Bailín, Molinero ha apuntado que hay que buscar las causas, si bien ha insistido en que en las mediciones en la obra han estado por debajo de los límites autorizados.

Además, ha apuntado que se están analizando otros posibles puntos de contaminación y que ya se están planteando establecer protocolos más estrictos de cara al futuro.

En el turno de los grupos, Alfonso Vicente, del PSOE, ha mostrado su intranquilidad, ya que si la causa de la contaminación no es el traslado de residuos supone que va a seguir existiendo, ha criticado el "intento" de Molinero de explicar lo ocurrido y que se siga negando que existe un problema de salud pública, y ha reclamado alternativas para los municipios que se abastecen del Gállego.

Miguel Aso, de IU, ha incidido en que a la CHE no abriría un expediente si no hubiera habido un "vertido anormal" salvo que sea una "pataleta" para salvar su imagen, y ha anunciado que su grupo va a pedir una nueva comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, para explicar la situación política porque en asuntos como éste al final "alguien la paga".

Joaquín Palacín, de CHA, ha considerado que el problema puede ser "mucho más grave" cuando el Departamento asegura que no se han superado los parámetros de seguridad ni los valores de contaminación, ha reiterado que su grupo siempre ha reclamado una actuación global, ha criticado el "espectáculo bochornoso" que están dando la DGA y la CHE y ha reclamado que se averigüe "la verdad" y se asuma la responsabilidad.

José Manuel Cruz, del PP, respecto a la restricción del consumo de agua, ha tachado de "absolutamente irresponsable" que se intente confundir a la población convirtiendo una medida preventiva en un problema de salud pública que no avala ninguna entidad u organismo, y ha hecho hincapié en que en ningún momento se han sobrepasado los niveles de toxicidad.

Joaquín Peribáñez, del PAR, ha negado que la CHE actúe por una "pataleta", ha asegurado que él cree en lo manifestado por el organismo de cuenca y por el Gobierno de Aragón, y ha subrayado que no se trata de "echar la pelota de uno a otro", sino de saber el origen de la contaminación, de ser transparentes con los vecinos y tratar de poner los medios para que no se vuelva a producir.