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Aragón

La CHE revela que la DGA supo a primeros de julio que los niveles de lindano se estaban disparando

Medio Ambiente midió las concentraciones del insecticida en el río aguas abajo de Bailín, detectó que se desbocaban y no alertó a nadie.
La consejería de Lobón resta importancia a los resultados de esos análisis y niega que tuviera que avisar de la situación al menos por cautela

I. Aristu 07/10/2014 a las 06:00
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Evolución de los niveles de lindano en el Gállego aguas abajo de Bailín.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón supo ya a principios de julio que los niveles de lindano del Gállego se estaban disparando aguas abajo del vertedero de Bailín. Los resultados de los análisis que la propia DGA ha facilitado a la Confederación muestran que en ese tramo del río las concentraciones del insecticida se empezaron a desbocar dos meses y medio antes de que saltaran las alarmas –en solo unos días se multiplicaron por seis y hasta por doce–. Sin embargo, parece que nadie en la consejería que dirige Modesto Lobón consideró necesario avisar a Salud Pública o a la CHE, lo que favoreció que el problema no trascendiera hasta el 17 de septiembre.

Los muestreos realizados por la DGA se han incluido en el expediente sancionador que el organismo de cuenca ha abierto al Departamento de Medio Ambiente. El presidente de la Confederación, el aragonesista Xavier de Pedro, anunció la incoación de ese procedimiento pocas horas después de que el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, acusase a la CHE de demorar los análisis que habrían permitido detectar antes que al menos tres municipios del Gállego llevaban mes y medio bebiendo agua con niveles ilegales de lindano.

Oliván explicó que un problema en el laboratorio de Salud Pública llevó a su consejería a pedir a la CHE que analizase las muestras de agua de boca durante el mes de agosto y que la Confederación tardó casi dos meses en comunicarles los resultados. Sin embargo, la Confederación se defiende alegando que nadie les dijo que los análisis eran urgentes y que por tanto se hicieron siguiendo el orden y los tiempos con los que funciona el laboratorio de la CHE.

El Departamento de Sanidad, que es quien tiene la competencia de vigilar el agua de boca, alega que dio por hecho que los análisis estarían en solo unos días. En cualquier caso, parece que, además de cargar contra la Conferación, Oliván tendría que preguntar a su colega de Medio Ambiente por qué esta consejería no le avisó de que aguas abajo de Bailín los niveles de lindano del Gállego se habían disparado desde principios de julio.

Como responsable del traslado de los residuos tóxicos desde el vertedero antiguo hasta el nuevo vaso, Medio Ambiente monitorizó casi a diario los niveles de lindano del Gállego 500 metros aguas abajo de Bailín. El jueves, la Dirección General de Calidad Ambiental envió a la CHE los resultados de esos análisis, datos que muestran que desde febrero hasta finales de junio las concentraciones de lindano total del río estuvieron por debajo de los 0,02 microgramos/litro en el caso del isómero alfalindano y por debajo de los 0,1 microgramos/litro en el del lindano total –se vigilan los dos indicadores–.

Sin embargo, y siempre según los resultados que Medio Ambiente remitió a la Confederación, a partir del 3 de julio ambos parámetros se dispararon multiplicándose hasta por seis e incluso por doce, lo que provocó que empezaran a rebasarse los umbrales permitidos en el agua de boca: 0,1 microgramos/litro en el caso del isómero alfalindano y 0,5 en el lindano total. Aunque esos límites legales no tienen que aplicarse en los análisis hechos en el río, parece necesario que alguien hubiera avisado de que en los abastecimientos de aguas abajo podía haber problemas.

A lo largo de julio, Medio Ambiente midió concentraciones de hasta 0,78 microgramos/litro en el isómero alfalindano y de hasta 1,38 en el lindano total. A finales de ese mismo mes, los niveles volvieron a multiplicarse hasta situarse en 6,39 –más de 60 veces lo permitido para el agua de boca– y 7,32, pero tanto esas cifras como las de agosto se quedan pequeñas con los picos alcanzados en septiembre: 26,44 microgramos/litro en el isómero alfalindano –260 veces el límite legal para los abastecimientos– y 38,8 en el lindano total. Sin embargo, tampoco entonces la consejería de Modesto Lobón lanzó ninguna alerta.

Ayer, el consejero se limitó a insistir en que en el vertido procedente del vertedero de Bailín no superó las concentraciones de lindano autorizadas por la CHE, cuestión que es independiente del hecho de que haya quedado patente que los análisis realizados en el río detectaron ya desde principios de julio que los niveles del insecticida se estaban disparando en el cauce del Gállego.

Por su parte, la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, reconoció las cifras que aparecen en los resultados enviados a la CHE, pero quiso quitarles trascendencia asegurando que no pueden valorarse de forma aislada. Molinero destacó que en ningún momento se alcanzaron los 50 microgramos/litros de lindano total obviando que el límite impuesto para el vertido no es aplicable al río y recalcó que los umbrales legales para el agua de boca no son aplicables a estos análisis, lo que no significa que no pudiera haberse comunicado la situación como medida preventiva. Pese a todo, Molinero negó que Medio Ambiente tuviese que haber dado algún aviso reiterando que su competencia era vigilar los posibles impactos del traslado del vertedero de Bailín.

Expediente por una falta grave

La CHE no opina lo mismo, ya que el expediente sancionador que ayer mismo notificó a Medio Ambente se basa en dos cuestiones: los incumplimientos de los límites legales de lindano en lo referente a la normativa ambiental –no a la de abastecimientos– y el hecho de que el departamento de Lobón no le comunicase inmediatamente los incumplimientos reflejados en los propios análisis de la DGA.

La Confederación cree que Medio Ambiente ha podido cometer una falta grave. De confirmarse, la multa oscilaría entre los 50.000 y los 500.000 euros, pero quien resolverá el procedimiento será la ministra de Medio Ambiente. Ahora la DGA tiene 10 días para alegar. 
 







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