Ofrecen un acuerdo a la concesionaria de la ARA A-1 en preconcurso de acreedores

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha informado de que han ofrecido un mutuo acuerdo a la empresa concesionaria de la gestión de la autopista autonómica ARA A-1, que ha entrado en preconcurso de acreedores, y "estamos en plazo para que nos digan si lo quieren o van a ir a la rescisión" del contrato. 

En este último caso, se ha comprometido a "minorar los costos" para la Comunidad, para apuntar que el mantenimiento de esta autovía en los próximos 26 años costaría 26 millones de euros al Gobierno si siguiera la situación actual, mientras que si el responsable directo fuera el Ejecutivo "ahorraremos varios millones de euros", ha apuntado Fernández de Alarcón. 

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes autonómicas por el diputado de IU, Miguel Aso, quien ha recordado que esta autovía tiene 5,3 kilómetros de longitud, costó 54 millones de euros y fue inaugurada en 2008. 

Fernández de Alarcón ha subrayado los efectos indirectos que ha tenido esa infraestructura, ya que ha contribuido a que haya más puestos de trabajo en la empresa Saica, por lo que si bien "podría haberse hecho mejor, es bueno que se haya construido". 

En este punto, ha opinado que se podría haber realizado en dos fases, con una primera que permitiría que "estuvieran los efectivos positivos" y no los negativos. Según ha dicho, el problema que tiene es que "el tráfico registrado está siendo menos de la mitad del esperado según el plan financiero presentado por la concesionaria". 

Así, en 2013, tuvo una intensidad media diaria de 3.122 vehículos, frente a la los 7.555 esperados. Fernández de Alarcón ha comentado que "la apuesta de futuro por una Comunidad requiere de inversiones", aunque no todas son acertadas y en este contexto ha defendido la Travesía Central por el Pirineo (TCP) "muy positiva para el futuro de Aragón y España".45 millones de euros

El diputado de IU, Miguel Aso, ha comentado que la indemnización podría elevarse a 45 millones de euros, que debería abonar el Gobierno autonómico, "cantidad ni muchos menos menor" para las cuentas de la Comunidad. 

Además, ha criticado que este tipo de infraestructuras, "al final, siempre acaban sufragándose a golpe de indemnización" y ha pedido que cuando se hagan estudios "se ajusten a la realidad" para evitar este tipo de problemas y, en concreto, lo ha pedido así para la TCP. 

Por otra parte, ha argumentado que las empresas "tienen riesgo y ventura" cuando aceptan estas concesiones y por eso "deberían asumir parte de la responsabilidad", igual que se benefician del posible negocio que se puede generar. 

Finalmente, ha lamentado que en las Administraciones "haya dinero para rescatar bancos y autopistas" y para indemnizar a las empresas del Plan Red y del Plan de Depuradoras, "pero siempre hay reparos para poner en marcha servicios sociales públicos".