El Pleno de las Cortes ha tomado en consideración una proposición de ley, presentada por el PP y el PAR, con la que se pretende "poner orden" y clarificar el reparto competencial entre las administraciones locales, para evitar duplicidades y mejorar la racionalización en la prestación de los servicios.

La proposición de ley se tramitará en las Cortes aragonesas gracias al voto favorable del PP y el PAR y la abstención de CHA e IU, aunque sus portavoces se han mostrado críticos con el contenido de la iniciativa. El PSOE ha votado en contra de la toma en consideración.

Otro de los objetivos fundamentales de la ley es organizar el territorio de modo que la acción administrativa "obre con eficacia en todo momento y en todos los lugares para impulsar el desarrollo económico del territorio y así evitar el progresivo envejecimiento y despoblación que sufren la mayoría de los municipios aragoneses".

Los entes locales mantienen sus competencias pero se reordenan las responsabilidades administrativas relativas a la prestación de servicios y al ejercicio de facultades públicas.

Y mediante una disposición adicional se da solución al ejercicio de competencias impropias o mediante encomienda o delegación por los municipios, exigiendo la necesaria situación de sostenibilidad financiera.

Además, en la ley, y dada la actual coyuntura económica, se disminuye el número de los consejeros comarcales en cada una de las 32 comarcas aragonesas, con efectos para las próximas elecciones locales.

Las diputadas popular y aragonesista Mar Vaquero y María Herrero han defendido la proposición, que es "necesaria" para reforzar la autonomía municipal y evitar las duplicidades.

Herrero ha enfatizado que gracias a esta proposición no se va a aplicar en Aragón la recentralización de servicios que plantea la ley estatal de reforma local, al tiempo que se devuelven a los ayuntamientos competencias que esta ley les arrebataba, y con ella se va a desarrollar el régimen competencial entre los municipios, las comarcas y las provincias.

Además, se ha referido a los principios filosóficos básicos que rigen la proposición de ley, que son el deber de colaboración entre entidades locales, sobre todo de arriba abajo, y que se piense por encima de todo en el ciudadano.

El portavoz socialista Javier Sada, ha mostrado el rechazo de su grupo a la proposición porque adolece de falta de financiación, porque es un "totum revolutum" con "dudosa legitimidad democrática" que demuestra que el PP está "obsesionado" por "controlar la vida de los ayuntamientos", a quienes quieren "responsabilizar" de la crisis siendo que son las administraciones con las estructuras políticas "más austeras y baratas".

La diputada de CHA Carmen Martínez ha enfatizado que las Cortes "llegan tarde" con esta norma, puesto que Aragón "debería haberse dotado de una ley que definiera las competencias y cerrara la arquitectura institucional" frente a la ley estatal de reforma local que, a su juicio, no reconoce el papel de las comarcas, refuerza por el contrario a las diputaciones provinciales y no respeta la autonomía local.

Entre las carencias de la proposición, ha detallado que no habla de la ley de capitalidad y que no garantiza la financiación a las comarcas.

La ley recoge el fruto de los trabajos de la ponencia especial para la simplificación de la administración pública aragonesa, que trabajó entre 2012 y 2014 en las Cortes de Aragón, pero el diputado de IU Luis Ángel Romero ha estimado que en la proposición de ley queda "desvirtuado" el trabajo de esta comisión.

Romero ha recordado que IU apuesta por los municipios y las comarcas en detrimento de las diputaciones, a las que habría que ir "vaciando progresivamente" de competencias y responsabilidades, y también ha considerado que la ley aragonesa debería haberse promulgado antes que la estatal.