La gestión de las becas de comedor y el funcionamiento de este servicio se han convertido en dos de los asuntos más conflictivos del departamento de Educación los últimos años. El pasado miércoles, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, la Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Fapar) y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública presentaron un nuevo recurso contencioso administrativo contra la convocatoria de ayudas de comedor para este curso.

El contencioso es el segundo, tras el planteado en 2013, contra las exigencias de Educación para conceder ayudas. Fapar lleva varios días denunciando que este año se han solicitado 16.288 ayudas (un 13% menos que el año pasado), de las que 9.042 han sido denegadas, una mayoría (6.794) por superar el nivel de renta exigida. No obstante, la pobreza parece haberse profundizado, y las bases para conceder las becas son "injustas", según las organizaciones.

Por otra parte, en Huesca, Educación quiere imponer el precio del comedor y obligará este curso a cobrar la tasa máxima en todos los centros educativos independientemente de si tienen cocina propia o utilizan catering, si contratan monitoras para dos horas o para tres. De nada servirá que con 10 euros menos por cabeza al mes hubiera escuelas que consiguieran ser rentables, el Gobierno aragonés establece 96 euros por alumno para todos. Padres y profesores critican la medida que llega con el curso comenzado.

Fuentes de Educación desmintieron que hubiera habido una circular obligando a instaurar dicho precio e insistieron en que el precio lleva tres años congelado en 96 euros, cifra que es solo un tope y que cada centro puede cobrar la tasa que permita mantener el servicio sin que haya pérdidas. 

Su versión nada tiene que ver con la de profesores y padres que afirman que la circular, que en muchos de los casos llegó ayer a media mañana, fija dicha cantidad. 

En Huesca capital, la medida no afectará a centros como el Pirineos-Pyrénées, el Parque o el Alcoraz que ya cobraban 96 euros. Para otros, como el colegio San Vicente, son 10 euros más al mes. En el Pío XII pagaban 750 euros por curso en lugar de los 960€ que propone Educación y en el Sancho Ramírez ofertaban el servicio por 88 euros mensuales.

En Zaragoza esto no ocurre porque los seis colegios que se encargan directamente de gestionar sus comedores (Doctor Azúa, Cesáreo Alierta, César Augusto, Eliseo Godoy, Tío Jorge y San Braulio) decidieron cobrar hace tiempo 96 euros al mes para tener superávit y poder hacer frente a reparaciones y necesidades del servicio.