La oposición de Zuera exige a los populares que garanticen la estabilidad económica de Ontinar

El PP, que gobierna en minoría, asegura que no cumplirá la moción aprobada en el último pleno hasta que no se aclare el conflicto judicial

El conflicto que desde hace tiempo mantienen Zuera y la entidad local menor de Ontinar del Salz no tiene visos de resolverse. Sus diferencias volvieron a hacerse evidentes en el último pleno, que acabó con la expulsión del alcalde de Ontinar, del PP, y varios concejales. En la sesión, la oposición exigió en bloque que se garantice la estibilidad económica de esta entidad local, que depende de Zuera. Los populares, que gobiernan en minoría, ya han asegurado que no cumplirán la moción aprobada hasta que no se aclare el conflicto judicial abierto. 


Las partes no se ponen de acuerdo en el cumplimiento del convenio que suscribieron en 1994. Este documento establece cuáles son los ingresos y gastos que le corresponden al Consistorio ontinense. Zuera transfiere dinero periódicamente y al final de cada año se hace una liquidación que deben aprobar ambas partes. 


El litigio actual es sobre la liquidación de 2010. Para Santiago Azón, alcalde de Ontinar, Zuera le debe traspasar unos 70.000 euros más de ese ejercicio. El Consistorio zufariense, por el contrario, reclama a Ontinar 88.000 euros.

La moción presentada el jueves exigía que se cumpliera el convenio. "Queremos que se garantice la estabilidad económica de Ontinar y que lleguen a un acuerdo ambas partes", dijo Luis Zubieta, portavoz del PSOE, grupo que presentó la propuesta. Esta contó con el apoyo del PAR. Ambos grupos suman 7 de los 13 concejales, ya que el PP gobierna en minoría. 


Desde que se presentó el último contencioso, Ontinar sigue insistiendo en que debería de cobrar 29.000 euros al mes de Zuera, mientras que los zufarienses recortaron a 10.000 euros esta cifra. "El daño a Ontinar es irreparable. No nos vamos a dejar engañar más y vamos a seguir luchando para que se cumpla el acuerdo", dijo Azón. 


El alcalde de Zuera, el también popular Antonio Bolea, aseguró que el convenio del 96 es "nulo de pleno derecho porque es indefinido, cuando debería tener una validez máxima de cuatro años" y aseguró que se denunciará en pleno este acuerdo. "La situación ha cambiado y los ingresos y gastos ya no son los que eran", añadió Bolea. "Si ellos no reconocen su deuda con nosotros, no vamos a seguir pagando lo que pagábamos antes. Esperaremos hasta que el juez dictamine", concluyó el alcalde.