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Aragón

Agapito y exconsejeros de Plaza niegan el sobrecoste de 14 millones por 2 edificios

Justifican el valor por su ubicación "privilegiada", en el centro del complejo.
La tasadora Tinsa da la razón a la DGA en que se pagó a precio de mercado y no a coste como se pactó

M. Garú 05/09/2014 a las 06:00
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Los seis exconsejeros de Plaza, esperan su turno para declarar como testigos en el juicio.Asier Alcorta

El empresario Agapito Iglesias, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y media docena de exmiembros del consejo de administración de la plataforma logística –entre ellos el exconsejero de Obras Públicas, Javier Velasco, el exviceconsejero, Carlos Esco, el exconsejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz o la exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, María Teresa Verde– rechazaron que en 2007 se llegaran a pagar 14 millones de más por dos edificios que levantó el constructor en el complejo logístico. Todos ellos, incluido el también exconsejero de Plaza y ahora director general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, Ricardo Cavero, coincidieron en que el precio que se abonó fue el adecuado y conforme al pliego de condiciones, y rechazaron haber tenido cualquier tipo de presión o coacción para tomar su decisión, que calificaron de transparente. 

Para Agapito Iglesias, que está siendo juzgado tras haber sido demandado por la actual gerencia de Plaza por el mencionado sobrecoste, el precio estaba más que justificado por el lugar "privilegiado" que los anteriores responsables del complejo logístico eligieron para levantar un edificio de oficinas que tenía que ser el emblema e insignia de la Plataforma Logística y que, a fecha de hoy, sigue vacío.

Durante el juicio que ayer comenzó en el Juzgado de Primera Instancia número 1, se puso de relieve que la empresa de Agapito Iglesias Zaragoza Plaza Center (ZPC) se adjudicó una parcela de 80.000 metros cuadrados por 18.000.001 euros (uno más del precio de licitación). En el pliego de condiciones, Plaza se reservó la posibilidad de encargar al comprador la construcción de hasta 12.000 metros cuadrados de oficionas, como así hizo. En esas cláusulas se fijó que se calcularía el precio mediante una fórmula que incluía el precio del solar, el de la construcción, y un 19% por gastos generales y beneficio industrial. Al preguntarle a Agapito Iglesias por qué el precio del suelo pasó de 136 euros el metro cuadrado a 475, el empresario manifestó que era el "proporcional" a su ubicación. 

Valoración de Tinsa

Cuando Plaza quiso comprar el edificio, se fijó un precio de venta de 20,7 millones. Tanto Agapito Iglesias como Plaza solicitaron a la empresa Tinsa una valoración del inmueble. En uno de los informes, esta fija un "valor hipotecario" de 20,5 millones, cifra que, según Gerardo Pérez, trabajador e la empresa, respondía a un valor "mercado". "No tiene que coincidir necesariamente con el valor de venta, sino con lo que podría pagar un comprador independiente", afirmó Pérez. 

El letrado de la DGA puso de relieve otra conclusión del informe de Tinsa que dice que el "coste de reposición" –que el tasador dijo que correspondía al "precio del suelo más el vuelo", es decir, lo construido– es de 13,3 millones, cantidad que, a su juicio, es la que se debería haber pagado.

 En el contrato de venta se introdujo tiempo después la construcción de un aulario para un centro de FP especializado en logística, para el que la DGA pidió una subvención al Ministerio de Educación y este otorgó unos seis millones de euros.
Para el abogado, este edificio se debería haber cobrado también a precio de coste, lo que tanto Agapito como los testigos rechazaron y dijeron al juez que se trató de operaciones diferentes. 


 El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, declaró ante el magistrado que dio todo tipo de información al consejo de administración y que aunque en un acta se recogió que se adquiría a precio de "mercado", él "unca dijo eso. "Se equivocarían en el acta, porque yo quise decir precio de coste", afirmó y añadió: "En el consejo de administración teníamos consejeros de Obras Públicas y Economía que si hubiesen visto algo raro lo habrían rechazado". Al preguntarle si nadie se percató del error: "Yo no leo las actas. No sé lo que verían los consejeros". Y estos, según declararon, lo vieron todo correcto. 

El abogado de la DGA resaltó la incongruencia que supuso que la empresa ADL Technology (participada por Agapito) cobrara a Plaza gastos de promoción y publicidad del edificio que ya se había comprometido a comprar. 
 







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