La DGA descarta 84 depuradoras del plan del Pirineo, que aún no tiene financiación

Dos años después de la ronda de reuniones que organizó con los ayuntamientos afectados para actualizar el Plan Integral de Depuración del Pirineo, el Gobierno de Aragón ha concluido el nuevo proyecto, que descarta 84 de las instalaciones inicialmente previstas -en los núcleos con muy escasa población- y disminuye notablemente la capacidad de muchas otras que se consideraban sobredimensionadas para el tamaño de las localidades y sus expectativas de crecimiento. Esto supone eliminar casi un tercio de las actuaciones proyectadas, que ahora quedan reducidas a 200. 

De ellas solo se ha conseguido construir y poner en marcha 21, un exiguo 10% en el que la única obra de entidad ya en servicio es la de Biescas, puesto que el resto están en localidades más pequeñas, de entre 17 y 400 habitantes equivalentes. Todas ellas se encuentran en la zona 2, que engloba a las localidades afectadas del Alto Gállego y parte de las de la Jacetania.

Para la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), que siempre se opuso a las obras "sobredimensionadas" en pequeños pueblos, el rediseño del plan, que les fue remitido a mediados de este mes, supone un avance, pero "muy pequeño", aseguran, ya que todavía quedan muchas incógnitas en torno al proyecto.

La primera de ellas y más importante es la relativa a su financiación, que sigue sin estar asegurada. El plan se planteó con una inversión global de 350 millones de euros durante 20 años, a través de un sistema de cooperación público-privada (concesión de obra pública), de manera que las empresas concesionarias adelantan la inversión para la construcción y explotación de las instalaciones.

Tras el convenio firmado en 2008 por la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente –por el que el que se encomendaba a Aragón la construcción de las depuradoras para el saneamiento de las aguas de 62 municipios y 292 núcleos de población–, todas las obras estaban ya adjudicadas a comienzos de 2009, pero para entonces los bancos ya no garantizaban los créditos comprometidos con las empresas.

Hace casi un año, la DGA se erigió en intermediaria para solicitar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que financiara con unas condiciones "asequibles" las obras, valoradas en su conjunto en más de 120 millones de euros. Y tras muchas negociaciones, el director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Cajal, confía en obtener una respuesta en septiembre. "En estos meses ha habido conversaciones y en algunos momentos parecía que se había conseguido y en otros que no", recordó Cajal, al tiempo que matizó que de cualquier modo las adjudicatarias deben asumir con recursos propios un 20% del coste de los trabajos."Se ha ajustado a la realidad"

En todo caso, el director del IAA recordó que ante las dificultades para acometer los proyectos, ya se decidió que el plan se desarrollaría en dos fases, de forma que en la primera se ejecutarían las 28 depuradoras que darían servicio a las localidades con más de 600 habitantes equivalentes, que requerirían una inversión de unos 80 millones. En este sentido, reconoció que en el momento en el que se diseñó el plan "había una gran expansión urbanística, por lo que ahora se ha ajustado a la realidad y a la previsión de un pequeño crecimiento". 

Pero no solo se ha reducido la capacidad de carga de las estaciones, sino que se han eliminado las de los núcleos con apenas un puñado de vecinos. Allí, explicó Cajal, está previsto instalar "una reja en el colector para evitar que los plásticos lleguen al río". Y en otras localidades intermedias, se ha optado por aplicar "un tratamiento adecuado" mediante "sistemas más simples como fosas sépticas que se limpian periódicamente para trasladar los desechos a otra depuradora más grande", precisó.

Ese "tratamiento adecuado" también ha generado dudas entre los alcaldes al recibir la nueva documentación. Adelpa la ha trasladado a cada ayuntamiento para que estudien su caso y después expondrán sus planteamientos a los responsables del Instituto Aragonés del Agua, al que han solicitado una reunión que, según Cajal, tendrá lugar la segunda semana de septiembre. Para entonces, confía en tener noticias del BEI. 

Además, el colectivo de entidades locales critica que "no se han recogido todas las peticiones de los municipios que proponían otras ubicaciones –algunas requerían bombeos– o sistemas diferentes como la fitodepuración".