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Aragón

La ley que prevé trasladar a secretarios de pequeños pueblos no convence a la Famcp

La federación de municipios duda del ahorro que supondría reubicarlos en las comarcas

I. Ara 28/08/2014 a las 06:00
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A la espera de que se acaben de concretar todos los detalles de la futura ley de distribución de competencias, a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), no le convencen algunos de los detalles que ha adelantado el Gobierno de Aragón sobre el contenido de la proposición de ley presentada en julio por el PP y el PAR y que a la vuelta del verano deberá tramitarse en las Cortes.

Una de las principales novedades que introduce el texto es la posibilidad –que no obligación– de que los municipios de menos de 250 habitantes (unos 400 de los 731 que hay en la Comunidad) puedan eliminar la plaza de secretario-interventor de su plantilla, de forma que este se trasladaría a la sede de la comarca de referencia, donde se crearía una especie de cuerpo con los funcionarios procedentes de los pueblos.

Desde el Departamento de Política Territorial e Interior defienden que de esta forma los ayuntamientos lograrían "un considerable ahorro", si bien tendrían que seguir pagando las nóminas de los secretarios, que además, según el Ejecutivo autonómico, podrían especializarse en las funciones que por ley tienen encomendadas (dar fe pública, prestar asesoramiento legal, fiscalizar la gestión económica y controlar la legalidad de todos los actos y acuerdos de los órganos municipales, entre otras). En este sentido, la DGA recuerda que en los pequeños municipios estos profesionales deben asumir una gran variedad de funciones, no siempre relacionadas con sus labores propias, algo que se evitaría con la aplicación de la nueva ley, defienden.

Mientras, en los consistorios que se acogieran a esta medida quedaría un auxiliar que se encargaría de la atención al público en cuestiones de mero trámite, trasladando a los secretarios reubicados en la comarca las cuestiones más importantes.

Esta es la intención del Ejecutivo aragonés, pero desde las entidades locales no ven claro que estas modificaciones permitan resolver los problemas que sufren actualmente. 

"Solo abren si está el secretario"

"Sería positivo si realmente el servicio es mejor y más barato, pero con la situación que conocemos desde la Federación, no lo vemos claro", admite Carlos Boné, alcalde del municipio turolense de Valderrobres y presidente de la Famcp. Reconoce que "ahora los secretarios de los pequeños ayuntamientos hacen más cosas", pero subraya que en muchos casos esta situación se debe a que "no hay ni auxiliar administrativo ni alguacil". "Si un consistorio abre ahora dos días a la semana, que es cuando va el secretario –en la mayoría de los municipios de menor entidad funcionan las agrupaciones secretariales, con un profesional que atiende a varios pueblos–, y ya no está aquí y no vamos a poder abrir la puerta, ¿qué vamos a hacer? Somos la administración más cercana, pero de poco le vale al ciudadano tener un edificio cerrado", advierte.

La reubicación en las sedes comarcales –para ello los ayuntamientos interesados deberían firmar un convenio para delegar su gestión administrativa de forma total o parcial, previo informe de la diputación correspondiente– conllevaría en estos casos la necesidad de contratar a un auxiliar, por lo que Boné duda que finalmente haya algún ahorro para las maltrechas arcas municipales.

"Si se decide hacer una reestructuración y se habilita una partida para poder contratar a un administrativo, sería muchísimo mejor", comenta el representante de los municipios, e insiste en que "todo se reduce al dinero".

"Lo que reclamamos hace mucho tiempo –señala– es que la distribución de las competencias que debemos asumir vaya aparejada a un nuevo modelo de financiación acorde a los servicios que tenemos que prestar". "Si hay que darlos, tiene que haber una partida presupuestaria, los ingresos no pueden estar supeditados a la recaudación de impuestos, que en los pequeños municipios es muy limitada mientras que algunos gastos son parecidos a los de otros más grandes", expone. Y "cada vez se exige más burocracia, cantidad de informes que no entiendo para qué se piden", se queja Carlos Boné.

Por su parte, los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de las provincias aragonesas tienen previsto analizar en septiembre estos primeros avances de la reforma prevista. 
 







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