Sanidad debe dos millones en facturas a entidades que trabajan en salud mental

Algunos colectivos concertados no cobran desde finales de 2013. Están a la espera de la convocatoria de nuevos concursos, en los que piden que se tenga en cuenta su trayectoria    

Una de las actividades de las entidades que trabajan con enfermos de salud mental.
Sanidad debe dos millones en facturas a entidades que trabajan en salud mental
Heraldo

El Gobierno de Aragón debe dos millones en facturas a entidades con las que tienen concertados servicios de salud mental o rehabilitación psicosocial. Los contratos o convenios  con algunos de estos colectivos terminaron hace ocho meses y desde entonces, están sin cobrar la labor que prestan. Los afectados están pendientes de que el Departamento de Sanidad saque a concurso público la nueva adjudicación de estos recursos y piden que la administración no se rija solo por criterios económicos para su concesión y valore la trayectoria de las asociaciones que llevan años trabajando con estos enfermos en Aragón.       


La Asociación de Entidades Concertantes en Salud Mental de Aragón (Aecsm Aragón) –conformada por una docena de entidades sin ánimo de lucro– dirigió hace unos días una carta al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en la que le advertía de la demora en el pago de las facturas pendientes y le mostraba su «máxima preocupación» por el «riesgo de impago y quiebra» que esto acarrea para algunas de estas entidades. 


Durante los últimos meses, recuerda Aecsm, han tenido que hacer frente por sí solas a gastos de servicios y trabajadores sin dejar de interrumpir ni un solo día la actividad que llevan a cabo. «Hay que tener en cuenta que algunos de estos colectivos son pequeños y que están en una delicada situación», aseguraron desde la entidad, que ha solicitado una reunión urgente con el máximo responsable de la consejería para intentar poner remedio a esta situación. 


Según explican los afectados, al vencer el contrato o conciertos, el pago de las facturas pendientes tiene que convalidarse y pasar por el Consejo de Gobierno, lo que «dilata el proceso de cobro en algunos casos difíciles de soportar por algunas entidades». Y su inquietud ha aumentado al conocer la creación por parte del Departamento de Hacienda de una nueva comisión de control del gasto de todas las consejerías, «que podría dilatar aún más los tiempos de cobro», señalan desde la asociación. Nuevos concursos

No es la primera vez que soportan esta demora y hacen hincapié en que son «conscientes de que hay voluntad de la DGA por solucionar el problema económico», pero lo que realmente les preocupa es el futuro de la red de salud mental en Aragón y las «graves amenazas» que corre ante la convocatoria de los nuevos concursos para la gestión de estos recursos de rehabilitación.


La Asociación de Entidades Concertantes en Salud Mental de Aragón recuerda que han sido estos colectivos los que han luchado durante años por la consolidación de estos servicios y han recogido una demanda social existente y desatendida en la Comunidad. Han tejido un soporte mental que ofrece a los enfermos, entre otros servicios, unidades de psiquiátrica de larga estancia, centros de día, plazas de pisos protegidos, equipos de atención socio-comunitaria, unidades de atención y seguimiento a la dependencia, espacios  de inserción laboral para usuarios de servicios de salud mental...


Su temor radica en que en la convocatoria de estos nuevos concursos públicos no se tenga en cuenta el valor añadido que han aportado estos colectivos durante el tiempo que llevan trabajando con estos pacientes. Así, mediante el sistema de libre concurrencia, pueden presentarse todo tipo de empresas «cuya dedicación principal no es la rehabilitación psicosocial sino otras fuentes de negocio». «Empresas cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficios económicos», apuntan desde la entidad que agrupa a estas entidades sin ánimo de lucro. 


Son conscientes de que en muchas ocasiones no pueden competir económicamente con grupos de negocio de fuera de Aragón que puedan concursar y que «pueden permitirse perder dinero durante un tiempo con tal de ganarlo más adelante reduciendo costes y servicios». Sin embargo, advierten del grave peligro que esto puede suponer para la calidad asistencial.