Una nave casi anónima del polígono Centrovía de La Muela atesora la memoria judicial de Aragón de casi un siglo. Son cajas y cajas repletas de expedientes, en las que se conservan desde el conocido archivo de vagos y maleantes de la II República –en el que se registraba a aquellas personas que sin haber cometido ningún delito eran consideradas supuestamente peligrosas– hasta causas que por su relevancia histórica se han convertido en auténticas joyas para los investigadores. Sin embargo, la Dirección General de Justicia del Gobierno aragonés considera que entre esa enorme montaña de papel –organizada en 76.600 cajas, que colocadas una tras otra se extenderían a lo largo de casi 37 kilómetros– hay también una gran cantidad de papel sin valor que hay que empezar a destruir. Una opinión que no comparte todo el mundo, ya que no han faltado voces alertando de la trascedencia que puede tener la eliminación de un material tan sensible.

«Calculo que hasta dentro de un año no estaremos en condiciones de comenzar a triturar los primeros expedientes. Si fuera antes, yo estaría algo preocupada, porque la selección del material a eliminar requiere de mucha calma y criterio», aseguraba esta semana la directora general de Justicia, Tomasa Hernández. Aunque hace ahora un año que se decidió impulsar una junta de expurgo, en la que están representados jueces, secretarios, fiscales e incluso el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, esta no ha empezado a cribar todavía ningún material. De momento, lo único que ha hecho es definir los primeros criterios de selección, que estipulan que solo se revisarán expedientes de más de 30 años y que se empezará por los juicios de faltas y las diligencias previas.

A diferencia de lo que ocurre en otras administraciones, en la de Justicia se ha guardado siempre todo porque los plazos de prescripción son mucho más indeterminados. De hecho, si se ha optado por empezar a expurgar las causas de la jurisdicción penal es porque es en esta donde la caducidad es más precisa. En cualquier caso, antes de empezar a triturar papel, la junta quiere que distintos estamentos –entre ellos la Facultad de Derecho, el colegio de abogados y el de registradores de la propiedad– se pronuncien sobre las primeras pautas establecidas. Y, a petición de la Fiscalía, entre estas se incluye la de ‘indultar’ las denuncias y juicios por detención ilegal, lo que evitará que puedan destruirse casos como los de los niños robados.

Una vez que los criterios de la junta hayan recibido el parabién de las instituciones mencionadas, sus miembros estarán en disposición de empezar a examinar peticiones. Porque serán los propios juzgados los que tendrán que comunicar qué material quieren eliminar.Dos peligros: colapso o apatía

«Corremos dos peligros, que haya tantas peticiones de expurgo que el sistema se colapse al principio. O lo contrario, que nadie solicite eliminar expedientes», comenta Tomasa Hernández. En cualquier caso, en la DGA están convencidos de que esta vez sí se va a poder articular un procedimiento eficaz y solvente para descargar las rebosantes estanterías de la nave de La Muela. Porque ya hubo un intento frustrado hace algunos años.

Lo que no se ha decidido todavía es quién y cómo se acabará con el material sobrante, ya que podría hacerlo Iron Mountain, la empresa que custodia actualmente los archivos, pero también podría adjudicarse a otra compañía. En cualquier caso, desde la Dirección de Justicia insisten en que antes de acabar con una serie documental se publicará antes en el BOA. De esta manera, aquellas personas que pudieran considerarse afectadas, tendrán oportunidad de dirigirse a la administración para mostrar su oposición.