El Registro Civil, un órgano en el que cada ciudadano está obligado a dejar rastro de su vida -nacimientos, defunciones, matrimonios, trámites de nacionalidad...- podría pasar a ser gestionado por manos privadas. Así lo denuncian sindicatos y representantes de los funcionarios que en ellos trabajan, que afirman que hace tan solo una semana, "como el resto del mundo", se enteraron de que el Gobierno pretende delegar sus funciones a los registradores mercantiles. Así lo afirmó el ministro Ruiz-Gallardón en una respuesta parlamentaria en el Senado. En el aire, saber cómo afectará este cambio de actores a la plantilla de funcionarios que los conforman – más de un centenar en Aragón, de los que 35 trabajan en el Registro Civil Único de Zaragoza- y, sobre todo, conocer qué cambios acarreará esto para la ciudadanía en un servicio sobre el que siempre han pesado quejas de poca funcionalidad y retrasos.

Para los sindicatos, la idea del Ejecutivo se define rápido: "Es una privatización en toda regla", explica Irene de la Riva, presidenta de Justicia de CSIF Aragón. "El registro civil es un servicio delicado, donde se manejan datos muy importantes de los ciudadanos y que requiere gente con mucha práctica en la gestión y las labores", explica, alegando además que estos centros tienen pendiente una actualización a nivel informático y de digitalización de los documentos que pese a que se comenzó a realizar años atrás se ha quedado paralizada.

El motivo de la súbita revelación por parte del Ejecutivo es la finalización de los plazos marcados para la puesta en marcha de la Ley del Registro Civil, publicada ya en 2011, y que debería estar en la calle el próximo 22 de julio. El gobierno de Zapatero puso en marcha esta norma que desjudicializaba los Registros pero sin asignar un heredero a su gestión. Trabajo para el que el actual Ministerio de Justicia, según explican fuentes sindicales, tras tantear a los registradores de la propiedad, acabó eligiendo a los registradores mercantiles, un tipo de funcionario 'especial' que pese a obtener la plaza por oposición no obtiene sus réditos del Estado -como los notarios-, sino mediante el cobro de aranceles y cuentan con la capacidad de contratar a su propia plantilla.

A pesar de esto, el ministerio de Justicia ha declarado desde el principio que el cambio de los gestores no cambiará "en nada" la atención al ciudadano, asegurando que el servicio seguirá siendo gratuito y que la previsible reducción de plantilla se sustituirá por una mejora de los sistemas digitales.

Se tema que el cambio repercuta en el medio rural

El Registro Civil está adscrito desde el siglo XIX a la administración de justicia. Al frente de cada oficina del registro hay un juez, y unos funcionarios judiciales que se ocupan de esas labores en toda España. En Aragón, esta función se enlaza en el medio rural con unos 280 Juzgados de Paz (servidos por jueces legos, es decir, personas que no pertenecen a la carrera judicial) coordinados desde 27 agrupaciones de paz diseminados por los pueblos más importantes de la geografía aragonesa, que realizan las funciones delegadas del Registro Civil. Una situación costosa que implica un mayor esfuerzo económico y de la que, según valoran desde CSIF, "no se harán cargo los registradores mercantiles" por su escasa viabilidad económica.

Por el momento, la única declaración en torno a este tema emitida desde los registradores mercantiles la hizo su Colegio, único órgano que representa a nivel oficial tanto a estos como a los registradores de la propiedad, asegurando que la posible puesta en marcha de la reforma supondría un "cisma" dentro del sector, asegurando que "la práctica totalidad de los registradores mercantiles se oponen a asumir el trabajo del Registro Civil" y augurando que la gratuidad de asumir este servicio podrían acabar pagándolo los usuarios de los primeros.

Un servicio costoso y en ocasiones, lento

Además, desde la representación de los funcionarios de Justicia se denuncia que en los últimos años el Estado ha invertido mucho dinero -hablan de 130 millones de euros- en modernizar e informatizar el servicio. Un coste que ahora pasaría sin coste alguno a sus nuevos inquilinos. Pero, más allá de esto, desde CSIF se cree que el verdadero problema del asunto es dejar en manos de gestores con intereses económicos un servicio público que atañe a datos de todos los ciudadanos. "Es un despropósito, y si hasta los registradores mercantiles no lo tienen claro, no entendemos como el Gobierno se obceca en ceder este servicio", valora De la Riva, quien estima que a pesar de que el Ministerio ha asegurado que no se perderá ni una plaza de funcionario en el proceso se podría poner en jaque los puestos de trabajo de casi un centenar de interinos en Aragón.

El Registro Civil, que mueve al año más de 3 millones solicitudes en toda a España, ha estado en los últimos años empañado por las críticas de los ciudadanos que especialmente en épocas de festivos veían como este trámite se alargaba en las oficinas de registro durante horas debido a la poca eficiencia del mismo. En concreto, sin ir más lejos, el pasado enero tras las vacaciones navideñas el registro llegó a mantener hasta 6 horas de esperas para sus usuarios. Una situación que en opinión de sus representantes se debe a la falta de personal y a las dificultades que atañe gestionar un banco de datos tan inmenso como el que guarda entre sus paredes.

El Gobierno se reunirá con las CC.AA.

A raíz de las protestas que ha generado la decisión de Justicia, que podía ser operativa a finales de 2015 o comienzos de 2016, el ministerio ha convocado este viernes a las 12 Comunidades Autónomas que tiene transferidas las competencias de Justicia, entre ellas Aragón, para estudiar sus opiniones. Ahora, y mientras esperan la resolución final del proyecto que podría acabar en una nueva prórroga de la Ley para postergar el debate más allá de julio, los trabajadores han decidido realizar pequeñas concentraciones cada jueves en las oficinas del Registro Civil de Zaragoza, ubicado en la calle Alfonso.