Demoras de cuatro meses en las ayudas al alquiler de la DGA para desahuciados

Vivienda dice que los retrasos "son fruto del proceso administrativo".

Protesta de Stop Desahucios en Zaragoza
Protesta de Stop Desahucios en Zaragoza_4
P.P.G.

El departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón acumula retrasos de hasta cuatro meses en el pago de las ayudas al alquiler para desahuciados y personas con bajos recursos. Fuentes de la consejería reconocen que existen "algunas demoras" -aunque no precisan la duración de las mismas- y señalan que "los retrasos son fruto del proceso administrativo".


A esta problemática se enfrenta Ángel G., un zaragozano en paro y que una vez concluya junio sumará cinco meses de demora en el cobro de su prestación. El 5 de julio de 2012 se le aprobó una ayuda de 190 euros para afrontar los 400 euros de alquiler que paga por el piso en el que convive con su pareja -que procura enlazar contratos temporales- y su hijo.


"Vamos a tener que dejar la casa, porque no se puede andar con demoras de cuatro o cinco meses a la hora de pagar el alquiler. No hay propietario que lo permita", explica Ángel, quien trata ahora de acceder a una ayuda de urgente necesidad del Ayuntamiento de la capital aragonesa.


Fuentes de Vivienda subrayan que "ya se han dado instrucciones para que se agilicen los trámites" y que las demoras han afectado especialmente a "aquellos que empezaron a percibir la prestación en la primera convocatoria y más tarde recibieron una prórroga de doce meses en la misma".


Marea Naranja también ha detectado los "continuos y marcados retrasos" en el cobro de estas ayudas. "Desde el principio hubo problemas en este sentido", lamentan desde la plataforma, que también critica las "dificultades burocráticas" para acceder al programa.


Más de seis millones en prestaciones


El programa de ayudas financieras a inquilinos echó a andar en junio de 2012 con una partida inicial de cuatro millones de euros. Un año después se firmó una ampliación con una dotación de 1.300.000 y el pasado mes de abril se volvió a prolongar por otro año con una consignación de 1.200.000 euros.


Enmarcado en el Plan de Gestión Social de la Vivienda 2012-2015, el programa da preferencia a las personas que hayan sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria con posterioridad al 1 de enero de 2012.


Tras ellos, se tienen en cuenta las presentadas por personas que dispongan de unos ingresos familiares inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, actualmente de 532,51 euros mensuales) y que no abonen una renta de arrendamiento superior a 500 euros al mes. Como tercera posibilidad se encuentran el resto de solicitantes con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM.


La cuantía de la ayuda no excede en ningún caso el 40% de la renta anual a satisfacer ni del máximo absoluto de 3.200 euros para los solicitantes con ingresos hasta 1,5 veces el IPREM o pertenecientes a colectivos especialmente protegidos.