La DGA expurga documentos judiciales con más de 30 años, pero salva los de niños robados

El departamento de Justicia del Gobierno aragonés ha abierto el proceso de expurgar documentos judiciales que tengan más de 30 años. En principio se han centrado en los que procedan de los juicios de faltas y las diligencias previas, pero se han limitado los casos de niños robados.

La DGA ha creado una Junta de Expurga que está compuesta por hay miembros del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (el magistrado Emilio Molins y el fiscal Enrique Pera), la coordinadora de los secretarios judiciales Marías Ángeles Júlvez, la directora del Archivo Histórico Provincial María Teresa Iranzo y un funcionario de Justicia.

Después de mantener su primera reunión, la Junta ha remitido consultas con el decanato de la Facultad de Derecho y de Filosofía y Letras, así como al Colegio de Abogados y de Registradores para recibir su opinión respecto al proceso que se va a emprender. Con su contestación, la Junta empezará a recibir propuestas de los juzgados para proceder a la destrucción de los documentos para aplicar un real decreto aprobado en 2013.

En la aplicación de esta norma, la Junta adoptó un criterio que evita que se vaya a expurgar los juicios por detención ilegal y se relacione con el artículo 131 del Código Penal. Con esta excepción, propuesta por el fiscal Enrique Pera, no se puede llegar a los casos de niños robados porque la jurisprudencia ha decidido que estos delitos no prescriben.

La asociación Bebés Robados Aragón, recién creada, había puesto el grito en el cielo con la posibilidad de que los documentos que se expurguen puedan pertenecer a los afectados de sus casos y se destruyeran. El temor fundamental era que los expedientes médicos de los archivos pudieran desaparecer, si bien la directora general de Administración de Justicia, Tomasa Hernández, señaló a este diario que estos documentos no se destruyen porque solo afectan a los expedientes judiciales de juicios de faltas y diligencias previas.

"No hay ningún peligro porque el fiscal Pera precisó que no se podía destruir los casos de detención ilegal porque la jurisprudencia ha determinado que son imprescriptibles", apuntó Tomasa Hernández. "Se salvan todos esos casos, independientemente de la antigüedad".Selección final de la Junta

De cualquier manera, todos los documentos que se van a destruir serán seleccionados por los juzgados que tengan más de 30 años y los remitirán a la Junta de Expurgo para que decida finalmente que pasan el filtro. La mayoría de estos papeles están guardados en un archivo de La Muela, que quieren aliviar de documentación tras la aprobación del decreto del año pasado (el Estado aprobó en 2012). Una empresa conocida como Iron Mountain (Montaña de Acero) se encarga de custodiar este archivo documental. Antes de ese examen final, se recibirá el informe recabado de las facultades de la Universidad y de los colegios profesionales.

A pesar de esta situación, las quejas de la asociación llegaron a los partidos políticos y tanto CHA como IUadvirtieron de este peligro para que no se destruyeron esos documentos y han formulado iniciativas parlamentarias.

Chunta Aragonesista canalizó la reivindicación de la Asociación de Bebés Robados de Aragón para que no se inicie todavía el anunciado expurgo de archivos judiciales custodiados en una empresa situada en La Muela, y así evitar que pueda destruirse documentación útil para esclarecer casos de adopciones irregulares.Garantizar los documentos

El portavoz de CHA, José Luis Soro, explicó que estos archivos judiciales recogen documentación desde los años 40 y 50 y figuran en ellos también historiales médicos. En la iniciativa registrada, Soro también plantea que uno de los criterios para el expurgo sea, en cualquier caso, el de garantizar la conservación de los documentos que puedan ser de especial interés para aclarar la situación de los "bebés robados" en Aragón, "tanto en este archivo, que será el primero en ser expurgado, y en el resto cuando lo sean".