La anunciada reforma fiscal que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy se está haciendo de rogar. Pese a que el propio presidente anunció su presentación para el pasado viernes 13, la fecha se ha pospuesto y todo parece indicar que se hará pública este viernes 20 -un día después de la proclamación de Felipe VI como Rey de España-.

Un retraso que no hace otra cosa sino acrecentar los rumores -y temores-, sobre las posibles implicaciones económicas que traerá a los bolsillos familiares. Uno de los que más fuerza ha cobrado en los últimos días es una posible subida de impuestos a los propietarios de segundas residencias.

El Ejecutivo ya lanzó este globo sonda hace unos meses, y quedó reflejado en los principales diarios económicos del país, y ahora vuelven las sospechas. La medida afectaría, por ejemplo, a todos aquellos propietarios de una casa en el pueblo, heredada de sus padres, o de un apartamento de verano en el Pirineo o en la costa, una situación muy habitual en las familias aragonesas.

Según el último censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay en Aragón 140.000 segundas residencias y más de 100.000 pisos vacíos. Ahí es donde dirigen las miradas los responsables de Hacienda. 

En la actualidad, estos inmuebles ya están gravados en el impuesto de la renta, al incluir en la declaración anual el equivalente al 1,1% del valor catastral o el 2% si la última revisión se hizo antes de 1994. Sobre el importe resultante se aplica el tipo marginal que, normalmente, va del 24,75% al 52% en función del nivel de renta del contribuyente.

Ahora lo que se plantearía sería elevar el porcentaje de imputación, establecer un nuevo sistema de impuestos para estas viviendas, o modificar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Medidas impopulares para la economía familiar y para los profesionales del sector.

“En un país turístico como el nuestro sería un grave error”, asegura Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Aragón (COAPI). Pese a que prefiere esperar a conocer cómo se concreta esta reforma fiscal, Baena considera que “ni este ni los anteriores gobiernos han entendido que los impuestos sobre la propiedad ya son muy cuantiosos, desde la misma compra, hasta el de sucesiones”.

Asegura que “gravar la vivienda o los vehículos es muy fácil” pero que “deberían perseguir otro tipo de actividad menos controlada”.

Más regulación

En todo caso, esta sería una medida más de las últimas que han puesto su punto de mira en la multipropiedad. Es el caso de la nueva regulación de apartamentos y viviendas que se alquilan con fines turísticos. La DGA, pionera en este sentido, ha iniciado este año una campaña de control de los portales digitales que aglutinan este tipo de ofertas, en especial en las temporadas de Semana Santa y verano.

Como resultado de estas investigaciones, ya en enero se detectaron 415 alojamientos turísticos ilegales. En concreto identificaron 250 casas rurales y 165 apartamentos no inscritos en el registro de Turismo de Aragón.

A través de este nuevo decreto, las familias que dispongan de una segunda residencia no pueden alquilarla sin control administrativo a un inquilino temporal o turístico, una práctica habitual de miles de propietarios aragoneses.

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