La comisión de investigación de la CAI llamará a declarar a los 39 altos cargos de la entidad financiera y de la Consejería de Economía de la DGA entre el año 2000 y la actualidad, el periodo de gestión de la caja que está bajo supervisión de las Cortes de Aragón. En la lista de comparecientes están los tres imputados por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, el ex director general Tomás García Montes, el exdirector de CAI Inmuebles Javier Alfaro y el abogado y exconsejero andaluz Ramón Marrero (PSOE). Con este último encausado y dos directivos del Banco de España también citados a declarar, el número de personas que pasarán por la Cámara serán 42, aunque podría crecer en función de las averiguaciones y del análisis de la documentación solicitada.

El coordinador de la comisión, el aragonesista Antonio Ruspira, explicó ayer que las comparecencias empezarán el próximo 19 de junio y se alargarán hasta el 15 de julio, divididas en ocho sesiones. Si se cumplen las previsiones de los grupos, la segunda quincena de julio se dedicará ya a las sesiones de deliberación interna con el objetivo puesto en cerrar un dictamen antes de mediados de septiembre. De esta forma, se podría elevar las conclusiones al pleno antes de las fiestas del Pilar.

Como en el caso de la comisión de Plaza, las sesiones estarán abiertas a los medios de comunicación, aunque los comparecientes pueden solicitar que sean secretas. Eso sí, Ruspira puso de manifiesto que la decisión depende de los parlamentarios y que el punto de partida es que haya "apertura y transparencia".

Por la comisión pasarán los máximos responsables de la entidad financiera en los últimos catorce años. Desde sus presidentes (José María Pemán, Antonio Aznar, Rafael Alcázar y Fernando Gil) y directores generales (Luis Miguel Carrasco, Tomás García Montes, Luis Calvera y Juan José Grávalos) hasta los que están al frente de la supervisión de riesgos de CAI (Juan Alberto Rovira y Antonio Roy) y los que presidieron la comisión de control (José Luis Casao y Eduardo Ruiz de Temiño).

También deberán responder a los parlamentarios otros altos cargos de dicha comisión, así como directivos de las empresas participadas y representantes de los sindicatos, de Acción Católica (fundadora de la caja) y de Aicar-Adicae.

Como ya se había decidido con antelación, la comisión de investigación también llamará a los tres consejeros de Economía que ha tenido Aragón desde el año 2000, los socialistas Eduardo Bandrés y Alberto Larraz y el actual, Francisco Bono, en el Gobierno PP-PAR. Los tres también pasarán por la comisión de Plaza al haber formado parte del consejo de administración de la sociedad pública. Igualmente está citado el aragonesista José María Bescós, quien ejerció en la comisión de control en representación de la DGA.

Antonio Ruspira destacó que la lista de comparecientes se ha pactado entre todos los grupos por el "alto nivel de información" que pueden aportar al proceso, aunque se reservan la posibilidad de llamar alguna persona más, para lo que dispondrían de "dos sesiones de colchón".

Los diputados tendrán quince días para analizar toda la documentación solicitada a CAI, al Banco de España, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), al Gobierno de Aragón y a las tres secciones sindicales presentes en la caja. El plazo de entrega finaliza la semana que viene, por lo que deberá estudiarla con rapidez para preparar las declaraciones. La siguiente sesión de trabajo se celebrará el próximo miércoles, en la que se cerrará la metodología de las sesiones. "Vamos a ser innovadores", adelantó Ruspira.